el resto del tintero

El caso Faffe se calienta

  • Alaya se hace cargo de investigar a la fundación de Empleo que recibió en cursos más dinero que Comisiones y UGT. Los 50 millones de euros que la Cámara de Cuentas echa en falta pasaron al SAE al quedar extinguida la Faffe.

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UNA vez que acabe la instrucción del caso de los ERE, la titular del juzgado número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, pondrá el objetivo en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), una institución que le llevará, de nuevo, a encontrarse con las mismas personas que durante los últimos años dirigieron la Consejería de Empleo: José Antonio Viera, Antonio Fernández y Manuel Recio. Durante años el PP denunció que la Faffe era una institución donde el PSOE andaluz colocó a muchos de sus allegados; un cajón, en su opinión, lleno de enchufes. Sin embargo, lo que encontró la Cámara de Cuentas al analizar esta fundación en los años 2009 y 2010 ha sido peor: cerca de 50 millones de euros sin justificar en cursos de formación. La razón de este desfase se encuentra, según algunas fuentes que trabajaron en ella, a su acelerada extinción; el dinero no habría volado, si no que habría pasado al Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Cuando acabe la instrucción de los ERE, y esto parece acelerarse por la presión que la Fiscalía Anticorrupción está ejerciendo sobre la juez para que envíe el sumario al Tribunal Supremo, Alaya iniciará otra investigación que marcará otra legislatura. O dos.

Cansado del escándalo de los ERE y de la Consejería de Empleo, y con la intención de marcar un cortafuegos, el ex presidente José Antonio Griñán procedió a una voladura que creía controlada de lo que para unos ha sido el foco de corrupción de la Junta y, para otros, el bombero que apagó todos los incendios sociolaborales de las dos últimas décadas. Posiblemente, en el medio se hallen muchas verdades. Cuando Griñán sacó a Antonio Fernández de la Consejería de Empleo, llegó Manuel Recio. Inexperto, casi por casualidad. Digamos que su procedencia almeriense pesó más que su experiencia en este campo, pero su mandato era bien claro: desmontar lo que muchos llamaban el chiringuito. Griñán se encargó de buscarle a su nuevo consejero un vice con amplia experiencia en el aparato administrativo, Justo Mañas, aunque antes tanteó a otros que hoy dan gracias a la Virgen -literalmente- por no haber aceptado el puesto. El caso de Mañas es como el de tantos otros: alguien limpio, que sólo entrara para ordenar el pasado, y ha acabado imputado por la juez Alaya. En mayo de 2011, Recio, que también ha sido imputado en el caso de los ERE, mandó extinguir la Faffe, una fundación abultada que llegó a tener cerca de 1.200 trabajadores dedicados a la formación y a los cursos de empleo. Eran tiempos en que, como ha reconocido a este medio un sindicalista, "había que consumir el presupuesto".

Recio acabó con la fundación, y 1.134 trabajadores quedaron absorbidos por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), un INEM andaluz, ahora sobredimensionado. Pero el SAE no sólo se quedó con sus empleados, sino también con los activos de la Faffe, y en ellos iban los casi 50 millones de euros que ahora no se han justificado. O que no se pueden justificar: porque, lo cierto, es que el SAE no puede justificar ante el SAE su propio dinero. Un lío fenomenal que ahora va a ser judicializado en dos instancias. De un lado, la instrucción de la nueva causa de Alaya y, de otro, la propia Cámara de Cuentas, a la que el Parlamento ha solicitado por la unanimidad de PP, PSOE e IU que analice su funcionamiento desde su creación, en el año 2003. La Faffe no es nada hoy, sus más de mil trabajadores integrados en el SAE se han llevado dos años, prácticamente, sin trabajo, sin mover un papel. Y no sólo por la hipertrofia, sino porque los trabajadores, capacitados para la formación, habían sido integrados en un organismo, el SAE, que ya no tiene estas competencias, sino que se encuentran en la Consejería de Educación. En aquella voladura no todo salió como se esperaba, Griñán pasó las competencias de formación desde Empleo a Educación, y los ex empleados de la Faffe han vagado dos años casi sin ver un papel. El cortafuegos tampoco valió, y Griñán prefirió marcharse a casa antes de que la instrucción judicial de Alaya siguiera escalando escalones de la pirámide, por utilizar un símil de la misma juez. Situada arriba de la gran pirámide de los ERE, Alaya esperará a enviar sus más de 200.000 folios al Supremo, para subir a esta segunda.

Como todo instrumento de este tipo, la fundación, que es heredera de otra que se creó junto al Gobierno central y los agentes económicos, era más ágil, menos burocratizada, pero también, escasamente, controlable. Esto es lo que puso de manifiesto la Cámara de Cuentas de Andalucía en su informe de enero de 2014, en el que apreció "irregularidades contables" y "administrativas" en esta fundación, que llegó a ser durante los años 2009 y 2010 la segunda perceptora de fondos de formación. 66,3 millones de euros recibió en este periodo; sólo la superó la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), con 83,06 millones de euros. UGT y CCOO cobraron 63 millones de euros cada una de un total de 746,2 millones con los que estuvo dotado este programa. A raíz del informe de la Cámara de Cuentas, un documento excepcional para comprender una época, la Fiscalía Superior de Andalucía repartió por varias provincias la investigación de la irregularidades en cursos de formación, y en manos de Mercedes Alaya, instructora de los ERE, pero también del Betis, de Madeja y de las facturas falsas de UGT, ha caído el de Faffe. En cierto modo, será casi una reedición del caso de los ERE, con los mismos acusados; el mismo departamento en el punto de mira, la Consejería de Empleo, y un sistema de transferencias de fondos muy similar.

La Cámara encontró dos graves irregularidades que pueden ser constitutivos de delitos según el escrito de la Fiscalía General de Andalucía. Empleo concedió dos subvenciones nominativas a la Faffe por valor de 24,5 millones de euros y 24,3 millones de euros en los años 2009 y 2010, respectivamente, pero no están justificadas. Es más, la Cámara de Cuentas encontró que 36 cursos del año 2009 no llegaron a realizarse, y 386 de 2010 estaban pendientes de ejecutar. La Faffe realizó 1.502 cursos para desempleados a lo largo de esos años. Una de las características de la fundación, puesta de manifiesto en el informe de la Cámara, es que no se sometía a los controles de los inspectores del SAE. Al apreciar irregularidades contables, la Cámara de Cuentas debía informar al Tribunal de Cuentas, con sede en Madrid, por si estas anomalías son constitutivas de un delito contable que pueda ser enjuiciado en una sala especial. La Cámara no tiene sala de enjuiciamiento. La Fiscalía afeó a la institución andaluza que aún no hubiera enviado el aviso al Tribunal.

El segundo caso que incluye irregularidades es el de los cursos de formación a los parados de Delphi, la empresa del motor de la Bahía de Cádiz. La Faffe recibió para este plan de estudio varias subvenciones especiales que la Cámara de Cuentas mantiene que no guardaban las características para ser tales. La del cuarto plan de Delphi fue de 8,9 millones, se abonó al 100%, pero no se justificó, debidamente, su excepcionalidad. También hay una subrogación de cursos de Delphi de la Faffe a la Fueca (una fundación ligada a la Universidad de Cádiz) que carece de todo tipo de registros, tales como nombres de los alumnos, facturas y listado de proveedores. La Cámara apunta que, finalmente, la Fueca envió una memoria justificativa, pero también aprecia posibles irregularidades administrativas.

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