Cerrar la pieza más importante de los ERE y abrir otra macrocausa, todo en el mismo día. El juez de refuerzo de Instrucción número 6 de Sevilla, Álvaro Martín, ha dictado una providencia que tiene fecha del pasado martes, 31 de mayo, en la que ha ordenado deducir testimonio para investigar todas las transferencias de financiación que haya podido recibir el IFA-IDEA procedentes de las Consejerías de Empleo o Innovación de la Junta y que procedan de un programa distinto a la polémica partida presupuestaria 31L, conocida popularmente como el fondo de reptiles, y que tuvieron un destino "distinto al legalmente previsto".

La decisión del magistrado significa en la práctica abrir otra macrocausa en la que se investigarán todas las transferencias de financiación recibidas por IDEA en el periodo 2003-2007, según explicaron ayer fuentes del caso. La apertura de esta nueva investigación, que se ha acordado dentro de la pieza del denominado "procedimiento específico" cuya instrucción finalizó ayer, fue solicitada por la Fiscalía Anticorrupción en un escrito presentado en el juzgado el pasado 27 de mayo.

En ese escrito, los fiscales señalan que de la documentación remitida por la Intervención General de la Junta (IGJA) relativa a las memorias de control financiero permanente -elaboradas entre los años 2005 a 2007-, los informes de control financiero -en particular desde 2003- y los informes trimestrales de seguimiento de IDEA desde 2005, que fueron ratificados por los interventores, se "despende que la agencia ha recibido fondos procedentes de otros programas presupuestarios distintos al 31L, mediante el mecanismo de las transferencias de financiación tanto a la Consejería de adscripción -ahora Innovación- como de otras distintas a la Consejería de Empleo y con un uso inadecuado de las mismas, dado que no se destinaban a la finalidad prevista legalmente para las mismas".

El Ministerio Público señalaba en ese escrito que como la causa del procedimiento específico -y de los ERE por extensión- se ciñe al programa 31L, consideraba necesario deducir testimonio para incoar unas nuevas diligencias previas "para la averiguación de otros posibles ilícitos penales derivados del denominado por la Intervención General de la Junta (IGJA) uso inadecuado de las transferencias de financiación".

Esta nueva causa es distinta a la que investiga el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla, que en noviembre de 2013 abrió nueve causas en relación con las ayudas concedidas desde el año 2003 a nueve empresas públicas, algunas tan relevantes como la RTVA, Extenda, Epsa o Turasa, entre otras. 

El juez Juan Gutiérrez Casillas decidió abrir estas nueve diligencias previas con la finalidad de "esclarecer la posible existencia respecto de ellas de transferencias de financiación por Consejerías de la Junta a tales empresas en orden a esclarecer si se ha seguido la tramitación administrativa procedente sometida a fiscalización previa". 

En junio de 2015, el juez archivó por falta de indicios la causa abierta contra la RTVA por el presunto uso inadecuado de las transferencias de financiación en esta empresa pública.