Un grupo de trabajadores de la Administración educativa andaluza ha elevado un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) solicitando, como medida cautelar, la paralización del concursillo docente de traslados -que la Junta ha mutado ahora en comisión de servicios-, al entender que en sus términos actuales el procedimiento incurre en "discriminación".

Según fuentes del colectivo, la consejera de Educación, Adelaida de la Calle, presentó hace dos semanas la modificación de una normativa que discrimina a los docentes al crear una modalidad de comisión de servicio para conciliar la vida familiar, personal y laboral, "prohibiendo solicitarla a un gran sector del profesorado, de más de 20.000 personas", cifra correspondiente a los provisionales, a los que se sumarían los interinos y en prácticas.

Los afectados consideran que el nuevo modelo va contra la ley al hacer una "discriminación sin justificación alguna" entre funcionarios de carrera. Por ese motivo solicitan la paralización del procedimiento, lo que podría incluso comprometer el inicio del próximo curso, al no tener destino donde trabajar los profesores.

Si con la anterior fórmula del concursillo, histórica reivindicación sindical, la Administración podía dar opciones a los profesores que no obtengan el destino deseado, en el concurso de traslados de comisiones de servicio "sólo se dirige a la gente con destino definitivo", defiende el colectivo que ha presentado la denuncia. "Cualquier juez ve claramente que es inconstitucional", resume este grupo, que promueve escritos presentando su postura ante diputados del Parlamento, el Defensor del Pueblo Andaluz, la propia Consejería de Educación y los sindicatos. Así, piden suspender el presente proceso e iniciar nuevas negociaciones para el curso 2017-2018 en las que se tenga en cuenta a todo el personal docente, "independientemente de su condición de definitivo, provisional, en prácticas o interino; todo ello, bajo el principio constitucional de igualdad".