Un combate desigual

  • La juez se enzarzó en un rifirrafe con el ex director de Trabajo Juan Márquez, al que reprochó que los necesitados y los "sin techo" no podían tener acceso a las ayudas

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Los interrogatorios de la juez Alaya cada vez más se parecen a un combate de boxeo dialéctico, aunque en el mismo se enfrentan dos púgiles muy desiguales, por razones obvias dada la posición que uno y otro ocupan en el peculiar ring en el que se convierte el estrado de la juez Alaya. Esto es lo que parece reflejar el acta de la declaración del ex director de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Juan Márquez Contreras, quien durante dos intensos días trató de mantener el tipo, a veces sin mucho éxito, ante los tremendos ganchos que la instructora le lanzaba a modo de preguntas. Alaya le hizo formalmente 93 preguntas, pero en realidad como cada respuesta daba lugar a nuevas cuestiones, en el interrogatorio le hizo varios centenares.

El primer rifirrafe y quizás el más destacado se produjo cuando la juez reprochó a Márquez que las ayudas se concedieran a personas próximas a la Junta o al PSOE y no se publicasen en los boletines oficiales, discriminando de esta forma al resto de ciudadanos andaluces, una expresión que la instructora ya ha planteado otras veces. Ante esta cuestión, el ex director de Trabajo mostró sus dudas de que los trabajadores "lean el BOJA", pero Alaya insistió y Márquez defendió que la concesión de las ayudas era "vox pópuli", que las conocían los grupos políticos, el Parlamento, los sindicatos y la representación de los empresarios. La respuesta no convenció a Alaya, que volvió a preguntar sobre si "cree que las personas necesitadas, sin recursos económicos o las personas prácticamente sin techo, o totalmente sin él, que duermen en los bancos, en las puertas de las iglesias o en plena calle podían conocer que existían este tipo de ayudas". Márquez no tuvo más remedio que reconocer que "no podían enterarse de ninguna manera", aunque precisó que estas personas "no pueden enterarse porque no tienen acceso a nada, ni a estas ayudas ni a ninguna otra".

A lo largo del interrogatorio, Juan Márquez, que tiene estudios de Bachillerato, se presentó ante la juez como un responsable "político" que admitió que no se leyó ni analizó el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas ni tampoco el manual de procedimiento que se encargó a un bufete de abogados porque no tenía "tiempo para leer un documento de 200 páginas". La juez le dijo entonces, según consta en el acta de la declaración, que ese informe "se lee en media hora", a lo que Márquez también apeló: "Ese será el tiempo que necesita su señoría, yo necesitaría un año".

Una situación casi esperpéntica se produjo cuando la juez le preguntó sobre si se cumplía la normativa europea en las ayudas y, una vez contestada y transcrita la respuesta, Márquez pidió que le repitiera la pregunta "ante el murmullo" producido en la Sala. La juez se negó a ello porque, según dijo, ese murmullo "le ha podido hacer pensar que ha contestado indebidamente" y a los ojos de la juez "ha dado la apariencia" de que la había entendido perfectamente antes de responder. Su letrado defensor mostró su queja al entender que no se había producido tal murmullo.

En otros momentos de la declaración, la juez recriminó al ex alto cargo que le había formulado la pregunta en cinco o seis ocasiones y había contestado a todas ellas "con evasivas", y en otra ocasión le dijo que había tenido que formularle la pregunta "hasta aproximadamente diez ocasiones de manera diferente para que lo entienda", por lo que le advirtió que el interrogatorio iba a ser "extraordinariamente largo si seguía cambiando constantemente sus respuestas".

Alaya también tuvo que indicarle, ante "las discrepancias" del imputado sobre determinadas afirmaciones incluidas en las preguntas de la juez que sus preguntas "nunca se formularán sobre premisas falsas".

La juez le censuró, en otra parte del extenso interrogatorio -el acta de la declaración tiene 174 folios- que hubiese alegado que no era un experto en Derecho y luego se atreviera a "discrepar jurídicamente de la conclusión a la que llega un experto jurídico".

La irritación de la juez fue creciendo por momentos. "Usted me aburre", llegó a decirle Alaya al ex director de trabajo, al que añadió que incluso una de sus respuestas le estaba "alarmando", porque la magistrada entiende que Márquez había reconocido que concedió una subvención excepcional a sabiendas de que el solicitante quería destinar la ayuda para pagar la parte de la prima de la póliza que le correspondía. Antes de esta afirmación, Márquez había reconocido, en relación a esta ayuda, que "una cosa es lo que se pide y otra cosa es lo que concedo", aunque tras solicitar a la juez que le repitiera la cuestión, dijo que no era cierto.

El combate Alaya-Márquez se prolongó durante dos días pero en esta ocasión, al menos, no hubo ningún K. O., ni siquiera técnico. Porque Juan Márquez, a diferencia de otros altos cargos de la Junta que se han visto obligados a comparecer en calidad de imputados ante la juez Alaya, pudo regresar la noche del pasado miércoles a dormir a su casa y no acabó siendo huésped de un centro penitenciario del Estado.

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