El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar hoy la modificación de la ley del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que las competencias de formación se traspasen definitivamente a la Consejería de Educación. Los más de mil empleados de la extinta Fundación Andaluza para la Formación y el Empleo (Faffe) se quedarán en el SAE como personal adscrito para "tareas auxiliares no administrativas", según ha conocido esta redacción.

Con esta modificación de la ley, la Junta inicia el camino para poner fin a meses de incertidumbre y confusión sobre las políticas activas de empleo, que han caído en el limbo. Con una tasa de paro por encima del 35%, hace más de un año que no se convocan nuevos cursos de formación, parálisis que el pasado año se extendió por los impagos a las escuelas taller y las casas de oficio.

Fue el presidente andaluz, José Antonio Griñán, quien aprobó en mayo de 2012 el traspaso de estas competencias de formación para el empleo en el decreto de reestructuración de consejerías y estableció "un período transitorio que finalizaría antes del 1 de enero de 2013". No obstante, el decreto de estructura de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo -de fecha posterior al del presidente- estableció que esas competencias residirían en el organismo hasta que se modificase la ley del SAE, trámite que previsiblemente se aprobará hoy tras la reunión preparatoria de viceconsejeros celebrada ayer, el denominado consejillo.

Esta nueva estructura no es del agrado de CCOO y UGT -actores tradicionales en los cursos de formación junto a centros privados o ayuntamientos- que recurrieron en los tribunales el decreto del presidente y piden que las competencias permanezcan en Empleo.

A Izquierda Unida tampoco le satisface este traspaso. Al menos ésa fue la opinión de la diputada Marina Segura en la comisión parlamentaria de Educación celebrada a finales de febrero: "Esta transferencia ha provocado importantes descontentos; entre ellos de los sindicatos y a los que este grupo parlamentario se suma. Por eso hacemos un segundo ruego, en este caso al Gobierno y a las dos consejerías: que se pueda desandar el camino y devolver la competencia de la formación profesional para el empleo a la Consejería de Empleo, de donde creemos que nunca tuvo que salir".

Otras fuentes sin embargo destacan que con el traspaso habrá mayor transparencia, teniendo en cuenta las polémicas que han tenido los cursos de formación y el SAE, y que incluso podrían entrar las empresas de economía social, un sector al que apoya IU.

Otro asunto espinoso es el del personal. Economía cederá estas políticas, pero sin la plantilla que en los últimos meses debiera haberse dedicado a estas actividades. Educación no quiso la cesión y finalmente se quedaran en el SAE.

La Faffe contaba con 1.423 efectivos a cierre de 2011, 52 directivos, un presupuesto de 101,6 millones y un salario medio de 36.078 euros brutos al año.

El polémico decreto ley y posterior ley de reforma del sector público extinguió esta entidad y muchos de los trabajadores (y algunos directivos) fueron a parar a otras empresas públicas y, principalmente, al SAE sin que se identificase su estatus laboral.

Después de varios varapalos jurídicos, el 7 de febrero del pasado año la Junta creó mediante una resolución la figura del personal subrogado, fijando en apenas tres folios y nueve disposiciones su régimen jurídico. Según fuentes de la negociación, ésta será la forma en la que permanezcan las más de mil personas de la extinta fundación (1.187 según distintas fuentes) que sobrevivieron a la reagrupación del sector público.

En paralelo, la Junta prometió entre sus medidas para crear empleo anunciadas a principios de febrero que reforzará con 310 plazas 117 oficinas del SAE (del total de 192) en las que se ha puesto de manifiesto la escasez de personal. Treinta de ellas proceden de la oferta pública de empleo pendientes de incorporación y otras 280 de nueva creación, sobre las que la Consejería de Hacienda y Administración Pública no ha difundido aún el proceso de selección. Los más de 800 asesores despedidos a final del pasado año reclaman que se tenga en cuenta su experiencia.

Sobre la reactivación de los cursos de formación, la Junta traslada la responsabilidad al Ministerio de Empleo y Seguridad Social de Fátima Báñez por los recortes de un 57% en los fondos para la Formación Profesional para el Empleo. De los 692,7 de 2011 a 298,4 en 2012, a lo que une la negativa del Gobierno a aprobar un plan especial de empleo para Andalucía como el de Canarias o Extremadura.

En esa misma línea, el pacto por el Empleo firmado hace quince días entre la Junta, CCOO, UGT y la CEA recoge que "se actualizará económica y administrativamente la situación de la formación para el empleo, procediendo a las convocatorias necesarias, en el plazo de un mes una vez se celebre la Conferencia Sectorial de Empleo de 2013 (sin fecha)" y la publicación de la orden donde se conozcan las cantidades que llegan a las comunidades. Entonces la pelota estará en Educación.