Un juez condena a la Junta por el retraso en la ayuda a un dependiente

  • La Administración recurrirá la sanción impuesta por no dar la prestación a tiempo

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Un juzgado de Sevilla ha condenado a la Junta de Andalucía a pagar el importe de las ayudas de dependencia a la hija de una anciana, reconocida como gran dependiente, que falleció un año después de solicitar la prestación sin ver aprobado su expediente.

El juzgado de lo contencioso-administrativo 10, en una sentencia a la que tuvo acceso Efe, dice que este caso "es un claro ejemplo de cómo no debe funcionar una administración" pues "la resolución de este tipo de expedientes exige una especial atención por tratarse en muchos casos de personas ya mayores con cortas expectativas de vida".

La afectada, María V.G., solicitó el 22 de enero de 2008 a la Consejería para la Igualdad de la Junta el reconocimiento de su situación de dependencia y señalaba como cuidadora a su hija, que cuantificó la prestación no recibida en 5.715 euros. La Junta le reconoció en octubre de 2008 el grado de "gran dependiente", pero el expediente seguía sin aprobarse cuando la mujer falleció en enero de 2009, por lo que a continuación el delegado provincial en Sevilla de la citada consejería decretó el archivo del procedimiento "por fallecimiento de la interesada".

No lo entiende así el juez, quien recoge que la única causa de que el expediente no concluyera fue la "falta de diligencia de la administración", pues el expediente se encontraba solo a falta de cuantificar la prestación, por lo que ordena retrotraer el expediente a dicha fase, en una sentencia firme al no superar los 30.000 euros.

Según el juez, "el plazo legal para la completa tramitación del expediente era de seis meses", por lo que "no hay duda de que estamos ante un caso de mala administración por parte de la Junta de Andalucía, que superó con creces el plazo máximo para resolver".

La consejera para la Igualdad, Micaela Navarro, anunció ayer que su departamento va a acatar la sentencia, atribuyó el retraso a que los hechos se produjeron en una etapa de mucha demanda de estas prestaciones y aseguró que otras comunidades autónomas están tardando cuatro años en el mismo trámite.

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