El juez condena al arzobispo de Granada por coacción e injuria

  • Francisco Javier Martínez tendrá que pagar 3.750 euros al sacerdote que lo demandó · La sentencia señala como detonante la mala relación del prelado con CajaSur

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El Juzgado de lo Penal número 5 de Granada dio a conocer ayer una sentencia histórica, puesto que es la primera en la que se condena a un dirigente de la Iglesia católica. El juez consideró ayer culpable al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, de un delito de coacciones y una falta de injurias. En consecuencia, tendrá que indemnizar con 3.750 euros al sacerdote que le denunció, Javier Martínez Medina.

No eran los únicos cargos contra el prelado. También se le atribuía un segundo delito de coacciones, otro de lesiones psicológicas y uno contra la integridad moral. De todos ha sido absuelto.

El fallo se centra fundamentalmente en el triángulo formado por el arzobispo, su subordinado y la entidad financiera CajaSur, a la que el sacerdote estaba vinculado y con la que el prelado mantenía muy malas relaciones. De ahí, explica el juez Miguel Ángel Torres en su sentencia, que el arzobispo evitara colaborar. Y eso incluía paralizar un libro sobre la Catedral que encargó el cabildo -cuando aún era arzobispo Antonio Cañizares-, financiado por la entidad y coordinada por Martínez Medina.

El arzobispo comunicó al sacerdote que le destituía de sus cargos de archivero y conservador del patrimonio, alegando como motivo su relación con CajaSur. Pero en su "ansia" por acabar con Martínez Medina no tuvo en cuenta que eso debía hacerlo por escrito, cosa que hizo después. Tres días más tarde el deán mandó cambiar la cerradura del archivo y de una habitación anexa en la que trabajaba Martínez Medina.

El arzobispo llegó a llamar por teléfono a su subordinado para decirle que si no detenía su publicación le enseñaría a obedecerle "con látigo". Aun siendo una conversación sin testigos, el juez da validez al testimonio del querellante.

Para el magistrado, esa conversación telefónica es una prueba del enorme interés del acusado en que el libro no viera la luz, pero no la única. En un "intento a la desesperada", se desplazó a la imprenta donde estaba depositado, en Córdoba, y hasta llegó a pedir la mediación de su no muy apreciado Miguel Castillejo, presidente de la caja cordobesa, que no le hizo caso.

Después vendrían la suspensión de su cargo de capitular -y de su sueldo-, que el juez ve como un delito de coacción porque el decreto especificaba cómo podía volver a su puesto: impidiendo la publicación del libro. No aprecia, en cambio, que hubiera un delito de calumnias en que se le atribuyera a Martínez Medina una "apropiación indebida, reiterada y pertinaz" de bienes de la Iglesia". La reduce a falta de injurias porque se trató de una "imputación genérica e imprecisa".

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