Caso de los ERE

Los peritos concluyen que las consejerías y organismos implicados "ocultaron" el destino de las transferencias de financiación

  • Finaliza tras nueve sesiones la ratificación del informe sobre los ERE fraudulentos.

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Los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) han concluido este martes, tras nueve agotadoras sesiones, la ratificación del informe pericial que han elaborado sobre el caso de los ERE fraudulentos y en la que han concluido que todas las Consejerías y organismos de la Junta implicados en la concesión de las ayudas "ocultaron" el destino de las transferencias de financiación.

Antes de acabar esta última sesión, los peritos han realizado unas consideraciones finales a todo lo expuesto en las sesiones anteriores, en las que han insistido en que todas las consejerías implicadas –Empleo, Hacienda e Innovación- y los organismos como el IFA/IDEA, que actuaba como caja pagadora de las ayudas, han ocultado el destino de las transferencias, ya sea por el lenguaje presupuestario, que han tildado de "críptico y oscuro", o porque la información no aparecía en la cuenta general de la Junta o en los anteproyectos del IFA/IDEA.

Los expertos han destacado tanto la incidencia de la ilegalidad en el momento de la presupuestación como en la agencia IDEA, organismo que al formular sus cuentas anuales y su memoria anual no puso de manifiesto que el dinero que recibía de las transferencias de financiación no se empleaban en gastos de explotación –para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias-, sino para el pago de las subvenciones concedidas por Empleo. Esto impidió, según los representantes del IGAE, que tanto la Cámara de Cuentas como el Parlamento y los auditores externos "conocieran" las irregularidades de los ERE.

De hecho, en una de las sesiones anteriores, los peritos afirmaron que el presupuesto del IFA/IDEA era tan "falso, falaz y engañoso" que se presupuestó "166 veces más de los gastos necesarios" de este organismo con la finalidad de que cuadrara con las cantidades destinadas en el programa 31L, conocido como el fondo de reptiles.

A lo largo de las sesiones, que han terminado en plena campaña electoral –en contra del criterio que expuso la juez Alaya al inicio de la comparecencia, el pasado 25 de febrero- los peritos han llegado a afirmar, como principal conclusión, que el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía conocía la ausencia de la regulación de las ayudas y el uso inadecuado de las transferencias de financiación. Los peritos implicaron al Consejo de Gobierno al responder a una pregunta de la juez Mercedes Alaya, quien interpeló a los expertos, en coherencia con las alegaciones realizadas en la exposición razonada remitida en enero pasado al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), si la "alta jerarquía" de la Junta tenía conocimiento de las irregularidades.

Los representantes de la IGAE defendieron entonces que de la ausencia de regulación de las ayudas y del uso inadecuado de las transferencias de financiación tenían conocimiento la propia Intervención General de la Junta de Andalucía, los consejeros de Hacienda, Empleo e Innovación, así como el denominado "consejillo" (la reunión previa de los consejos de Gobierno, en la que participaban los viceconsejeros y que presidía el consejero de la Presidencia), y también el propio Consejo de Gobierno.

Los peritos precisaron que hay tres motivos que justifican el conocimiento del Consejo de Gobierno, a saber: que en el año 2004 la Intervención General de la Junta aseguró que no se podía ni tan siquiera utilizar el concepto de transferencia sino de "crédito para la concesión de subvenciones"; segundo, porque en ninguno de los planes de Control Financiero que aprobaba el Consejo de Gobierno se acordó una regulación para tramitar las ayudas, y por los dos anteproyectos que llegaron a los consejillos enviados por la dirección general de Trabajo, donde se proponía regular la concesión de estas ayudas.

En cuanto al sistema que implantó la Junta de Andalucía para la concesión de las ayudas no dudaron en calificarlo de “fraudulento” y para explicar a qué se estaban refiriendo con esta expresión, aclararon que se remitían al sentido que recoge el diccionario de la Real Academia Española (RAE), de "engañoso y falaz".

La primera pregunta que formuló la juez Alaya a estos peritos, una vez que ratificaron su informe, es si habían leído el contrainforme realizado por dos catedráticos de derecho Financiero y Tributario a instancias de la defensa del ex presidente de la Junta José Antonio Griñán. Los peritos respondieron afirmativamente y añadieron que, tras analizarlo, "no ha variado su opinión" porque se trata de un informe "de parte", con los sesgos e interpretaciones de este tipo de dictámenes.

Los peritos detallaron que "uno de los muchos errores" que contiene el contrainforme consiste en la teoría de las transferencias de financiación, en la que los peritos que han elaborado el informe para el juzgado siguen manteniendo que su utilización era "inadecuada" e "improcedente".

Los expertos de la Intervención hablan de tres problemas en el sistema de concesión de las ayudas: presupuestarios, de gestión de los créditos por la Consejería de Empleo y un tercero, derivado de los dos anteriores, de "control" de la concesión de las subvenciones, porque se impidió la fiscalización previa de las mismas.

Así, precisaron que, en su opinión, la Junta no era competente para conceder este tipo de ayudas sociolaborales, al estimar que la competencia correspondía al Estado, y añadieron que de las 263 ayudas investigadas, sólo 77 subvenciones derivaban de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) y el resto no tenían destino.

A su juicio, la responsabilidad de la creación de ese sistema “fraudulento”, según la definición de la RAE, afecta a la Consejería de Empleo, al IFA/IDEA –organismo que actuaba como caja pagadora de las ayudas- y a la Consejería de Economía y Hacienda, por cuanto la intervención de estos tres elementos era "necesaria y precisa" para que se pudiera constituir la realidad de un sistema en el que el uso de las transferencias, según precisaron, “no se ajusta a la legalidad” y es "inadecuado" de acuerdo con los término de la ley. Los peritos llegaron a afirmar que el IFA utilizó "ilegalmente" las transferencias para el pago de las ayudas, un punto en el que discrepan abiertamente con el contrainforme elaborado por la defensa de Griñán, que defiende la legalidad de las transferencias.

En otra de las sesiones, los peritos confirmaron que otras Consejerías de la Junta, no sólo Empleo, abonaron ayudas de los ERE a través del IFA/IDEA, algo que sucedía a través de transferencias de financiación que se realizaban una vez que Empleo había agotado sus fondos propios para el pago de las mismas.

También han acusado a la Junta de haber "ocultado" información a la Unión Europea sobre una ayuda de 4,5 millones de euros concedida a la empresa A Novo Comlink -ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) de Málaga- en la que la Administración autonómica facilitó una información "incompleta y sesgada", según los peritos.

De otro lado, los peritos también han advertido del "descontrol absoluto" en la concesión de las ayudas, por cuanto el uso inadecuado de las transferencias de financiación tuvo como primera consecuencia que el procedimiento se quedó "sin fiscalizar".

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