Andalucía, por sus dimensiones, tiene el mayor sistema de atención a personas dependientes del país. A 31 de enero de este año, había 199.385 personas beneficiarias de alguna de las prestaciones establecidas por la Ley de Dependencia de 2007. Para obtener estos derechos, tuvieron que pasar por las manos de algunos de los 315 profesionales encargados de valorar si para atender a sus dolencias es necesaria una ayuda estatal. Una década después de la puesta en marcha de este servicio, sólo quedan 263 valoradores para una población de casi 8,5 millones de habitantes cada vez más envejecida. Y el 95% de la plantilla está formada por personal interino.

El tirón de orejas de la Unión Europea sobre la alta tasa de temporalidad entre las administraciones públicas hizo efecto en España y, por lo tanto, en Andalucía. El proceso de estabilización puesto en marcha por la Junta también atañe a los valoradores de la dependencia, que tras diez años de interinidad veían la luz al final del túnel con la oferta de empleo público extraordinaria pactada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. Pero hay letra pequeña.

El pasado 1 de septiembre se resolvió un concurso de traslado que permitió a 11 funcionarios de la Junta de Andalucía acceder a sendos puestos dentro del Servicio de Valoración. "Esto provoca destrucción efectiva de empleo", explican desde el colectivo de valoradores. Según la relación de puestos de trabajo (RPT) del conjunto de los ocho servicios de valoración provinciales, hay 52 vacantes en la actualidad "y todas están dotadas presupuestariamente". Sin embargo "se han ofertado todas las plazas ocupadas por interinos" tanto en este concurso de traslado como en el proceso de promoción interna cuya resolución se publicó el viernes en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).

Los 11 funcionarios que se integraron en el Servicio de Valoración de la dependencia el 1 de septiembre lo hicieron en plazas que estaban ocupadas por sendos interinos que acabaron cesados. En el proceso finalizado el viernes había 17 puestos de trabajo disponibles, quince de valoradores. La esperanza de los interinos es que en las localidades donde hay vacantes se ocupen, pero en municipios como Lebrija, en Sevilla, sólo hay un puesto, que pasaría a ser del funcionario que lo haya solicitado y cumpla con los requisitos. Hasta el mañana, un día antes de la incorporación, no conocerán el desenlace.

"Que las plazas ocupadas por interinos se oferten como vacantes en los procesos libres y de promoción interna no se hace por capricho, es lo que exige la ley". De esta manera, la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, respondió en comisión parlamentaria a una pregunta sobre la situación de estos trabajadores. Y son conscientes, pero ellos ensalzan su experiencia tras más de una década como puerta de entrada al sistema de dependencia.

"Hemos estado haciendo cálculos y cada uno de nosotros puede hacer hace 300 valoraciones al año", cuentan estos empleados públicos, quienes también muestran su preocupación por la reforma del decreto que regula la dependencia puesta en marcha por la Junta.

En el borrador actual, la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales propone transferir las competencias de valoración de sus delegaciones provinciales a la Agencia Pública de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía. "El decreto no especifica qué relación laboral tendrán los valoradores con la agencia ni dice si serán funcionarios", critican estos trabajadores.