Juicio de los ERE

Las defensas cargan contra el fiscal por ampliar la vista a las 270 ayudas

  • Los abogados de los 22 ex altos cargos acusan a Anticorrupción de plantear un "disparate procesal" que, según consideran, ha sido provocado por la propia actuación del Ministerio Público

Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, en primer plano Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, en primer plano

Chaves, Griñán, Zarrías y Viera, en primer plano / Efe

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Se esperaba un ataque vehemente de las defensas a la Fiscalía Anticorrupción por intentar ampliar el juicio de los ERE a las 270 ayudas individuales, muchas de las cuales ni siquiera han comenzado a ser investigadas, y buena parte de la sexta sesión del juicio se consumió en las acusaciones al Ministerio Público. Los abogados no dudaron en acusar a la Fiscalía de "cambiar las reglas" del juicio y de hasta "invertar un nuevo derecho procesal", y para ello emplearon numerosos adjetivos para definir la cuestión previa en la que la acusacioón pública solicita al tribunal que realice una delimitación del objeto de esta vista oral: "Disparate procesal", "dislate", "extravagante", "insólito", "afán acusatorio desmedido", y "contaminación absoluta" fueron algunos de los epítetos empleados por los letrados de la defensa.

Hubo incluso un letrado, Manuel Pérez Cuajares, que defiende al ex director de Trabajo Juan Márquez, quien acudió a un símil taurino para expresa la petición de la Fiscalía. "El fiscal quiere tener más oportunidades que el Platanito", aseveró el letrado en alusión a este torero que, a pesar de ser muy malo, conseguía vender entrada que la gente pagaba para mofarse de él. Este abogado insistió en que el objeto del juicio de los ERE "está delimitado" y la acusación pública lo que pretende es, "según vaya o no vaya, tener la oportunidad de juzgar por las 270 piezas" de ayudas en el juicio previsto para el "procedimiento específico".

Un abogado afirmó que el fiscal "quiere tener más oportunidades que Platanito"

Una de las principales réplicas a la cuestión previa del fiscal la desarrolló el letrado Víctor Moreno Catena, que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo, quien acusó a la Fiscalía de "cambiar las reglas" del juicio al querer introducir como cuestión previa que el tribunal enjuiciador reinterprete o redefina el objeto de este juicio para dar cabida al resto de ayudas individuales, después de que la Audiencia de Sevilla aplicara el non bis in ídem y estableciera que sólo habría un único juicio para los 22 ex altos cargos.

El letrado calificó de "disparate procesal" e "intolerable" la petición del Ministerio Público, que en caso de ser estimada vulneraría el derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a un juicio justo y al derecho de defensa, y recordó que el auto del 31 de mayo de 2016, que transformó las diligencias en un procedimiento abreviado, ya determinó el objeto de este proceso, los hechos punibles y las personas imputadas.

El letrado argumento que el fiscal estuvo "al tanto de la división de la macrocausa e intervino en la delimitación del objeto" de esta causa. "Este procedimiento no se puede contaminar por lo que pase en otros procedimientos" ni por los recursos de apelación que se interpongan, aseveró Moreno Catena, quien añadió que "el fiscal es el principal responsable o coadyuvante de la situación", por lo que concluyó que que "semejante disparate procesal no puede ser acogido por este tribunal".

"El fiscal hace una petición extravagante y que carece de todo acomodo o respaldo legal", y está "recurriendo a una existente indefensión que ha sido provocada por él", lo que constituye una "petición extra legem que carece de amparo legal y no tiene cabida en este trámite procesal". El planteamiento de la Fiscalía llevaría asimismo a un "juicio oral abierto indefinidamente para ir incorporando hechos ajenos" en función de cuando fueran acabando las distintas piezas separadas en las que se investigan las 270 ayudas de los ERE bajo sospecha, lo que sería un "dislate procesal inabarcable".

José María Mohedano, que representa al ex presidente José Antonio Griñán, señaló que si el tribunal hace lo que pide el fiscal "contaminaría absolutamente todo el proceso y sus decisiones".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, que representa al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, ironizó al pedir a la Fiscalía Anticorrupción que retire la acusación contra varios ex altos cargos por el delito de malversación de caudales públicos, al considerar que ésta sería una salida para el Ministerio Fiscal si entiende que en este juicio no se pueden enjuiciar las ayudas individuales que se instruyen en otras piezas separadas de la macrocausa de los ERE. El letrado solicitó al fiscal que no siga "retorciendo" los hechos al pedir una nueva delimitación del objeto del "procedimiento específico".

El tribunal reanudará el 12 de febrero el juicio con la resolución de las cuestiones previas planteadas en estas sesiones y, "en su caso", continuará la vista oral.

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