Los ex delegados de Empleo coinciden en la "legalidad" de su gestión en los cursos

  • Los ex dirigentes de la Junta que pasaron ayer por la comisión respondieron de "forma selectiva" por consejo de sus abogados

Los ex delegados provinciales de Empleo de la Junta son los cargos políticos de mayor rango que han pasado hasta la fecha por la comisión de investigación por la concesión de subvenciones para el desarrollo de cursos de formación. Todos ellos, coincidieron en dos temas. Defender "la estricta legalidad" de todas sus gestiones al frente de sus áreas y no contestar, o hacerlo de forma selectiva, al interrogatorio efectuado por los comisionados. Para explicar esta actitud hay que tener en cuenta que todos los ex delegados de Empleo citados esta semana por la comisión fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la Unidad Central de Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la operación Barrado, y están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla. La ex delegada de Granada Marina Martín Jiménez resumió su situación, que sería extensible al resto de compañeros: "Por desgracia, hice unas declaraciones de las que no me voy a arrepentir, pero que no tenía que haber hecho y, por recomendación de mi abogado, solo voy a hacer declaraciones en sede judicial".

El ex delegado de Cádiz Juan Manuel Bouza fue el primero en seguir esta estrategia. Acompañado por su abogado, lo primero que aseguró es que "las actuaciones que se hicieron correspondieron con la legalidad más estricta". Además, señaló que la delegación gaditana era conocida por "su excesivo rigor a la hora de examinar los cursos" y "cada uno cumplía fielmente con las obligaciones de su puesto". Igualmente, desechó la idea de que las ayudas y las posibles irregularidades detectadas a posteriori estuvieran enmarcadas en una trama fraudulenta: "No podía dar directrices ajenas al procedimiento ni los funcionarios podían condicionar su trabajo por incumplimiento del procedimiento".

El ex delegado de Córdoba Antonio Fernández Ramírez fue más allá y mostró su enfado por la imagen pública que se estaba dando de la gestión del Gobierno andaluz con la investigación parlamentaria. Lamentó que esté "calando" entre los ciudadanos que se malversaron 3.000 millones de euros. "Lo dijo ayer -por el martes- un compareciente. Y no lo ha dicho él solo, sino también el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pero ya veremos cómo poco a poco esto se va a ir desmontando", indicó

La ex delegada de Granada afirmó, en una intervención sin preguntas de cinco minutos, que cumplió con la legalidad "en todo momento" y que todas sus actuaciones al frente de este cargo se realizaron con "total diligencia y rigor".

Por último, el ex delegado de Huelva Eduardo Manuel Muñoz subrayó que "nunca" dio ni recibió "instrucciones de ningún tipo" para incumplir las leyes y que tampoco intervino "nunca" a favor de ni en contra de un expediente a la hora de conceder una subvención para la formación.

La oposición lamentó que los últimos comparecientes no estén colaborando con la investigación parlamentaria.

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