Los dos últimos ex delegados de Empleo que comparecieron ante la comisión parlamentaria que investiga las irregularidades cometidas en los cursos de formación subvencionadas por la Junta no desentonaron ni un ápice con lo ya relatado por los seis compañeros que les precedieron. Tanto Irene Sabalete, responsable de esta área en Jaén de 2009 a 2012, como Juan Carlos Lomeña, su homólogo en Málaga de 2004 a 2011, insistieron en la "rigurosidad" a la hora de ejecutar los controles por parte de los equipos de técnicos funcionarios destinados a revisar los expedientes de los cursos y, sobre todo, a la "estricta legalidad" que rodeó todos los procedimientos.

Ambos incluso mostraron su malestar con la deriva judicial y política que ha llevado a generar "una alarma social innecesaria" alrededor de la formación subvencionada. El ex dirigente provincial de la Junta en Málaga advirtió que si la comisión incide en el "desprestigio de la formación, difícilmente ésta podrá levantar cabeza".

Lomeña Villalobos es uno de los ocho ex delegados de Empleo que han declarado esta semana en el Parlamento y que fueron detenidos en marzo de 2015 por efectivos de la UCO de la Guardia Civil y están siendo investigados por el Juzgado de instrucción número 6 de Sevilla. Una situación que ha llevado a muchos de los interrogados a acogerse a su derecho constitucional a no responder a las preguntas de los comisionados. Algo que imitó ayer la responsable provincial de Empleo en Jaén: "Me gustaría contestar, pero por expresa recomendación de mi letrado no voy a hacerlo porque hay un procedimiento judicial abierto que espero que se resuelva lo antes posible para poder limpiar mi nombre y honor".

En su exposición inicial, Sabalete defendió que se estableció "un control exhaustivo sobre todos los cursos, con visitas a todos ellos" y aseguró que "jamás he dado instrucciones para que se incumpla la normativa, ni he recibido órdenes para hacerlo". La ex dirigente sentenció que tiene "la absoluta tranquilidad de que en la provincia de Jaén se ha hecho todo bien".

Los grupos de la oposición volvieron a quejarse de que los ex altos cargos del Gobierno socialista no colaboraran con la investigación parlamentaria contestando a todas las preguntas efectuadas y de que todos fueran unánimes al ofrecer un relato en el que "todo se hacía bien" y no había "irregularidades más que administrativas", cuando la Policía y el estamento judicial tienen bajo sospecha millones de euros concedidos.