I Un delicado juego de malentendidos B I

  • El importe medio del recibo del IBI de las capitales de provincia andaluzas varía hasta un 85% El valor catastral y el tipo de gravamen explican esta disparidad

El Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que grava la mera posesión de una propiedad inmobiliaria es un tributo poderoso, complejo y proclive a encender pasiones. Sólo estas características explican por qué la cuota media que se paga puede ser hasta un 85% superior de una capital de provincia a otra en Andalucía.

Es un concepto fiscal importante porque aporta cerca del 70% de los 19.678 millones de euros en impuestos locales que recaudan los ayuntamientos en España y es aún más importante porque es muy estable en un periodo en el que todas las fuentes de financiación se han desplomado. Para colmo, tiene la ventaja añadida de que los contribuyentes lo aceptan y pagan casi sin rechistar. Es un impuesto muy asumido. Es, con diferencia, el que más se paga en el periodo voluntario. Más del 80% de los contribuyentes lo abona sin necesidad de acudir a la vía ejecutiva", resume María José Fernández Pavés, catedrática de Hacienda Pública y experta en fiscalidad local de la Universidad de Granada.

Sin embargo, la relevancia del IBI para el ciudadano y las arcas municipales no es coherente con la complejidad y singularidades que tiene la conformación de este tributo que se establece a partir de dos variables: el valor catastral de las viviendas y el tipo de gravamen que se aplica sobre esa valoración. El primer elemento que se utiliza para fijar el importe del impuesto depende del Catastro, o sea del Ministerio de Hacienda, mientras que el segundo lo fija cada ayuntamiento. Es decir, se ven implicadas dos administraciones con dos objetivos diferentes. ¿El resultado? "Hemos configurado un monstruo", admite Juan Manuel Ruiz Galdón, profesor de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga y gerente Gestrisam, organismo local encargado de la recaudación tributaria en la ciudad de Málaga.

Uno de los ingredientes esenciales para entender la creación del monstruo es la revisión catastral. Esta labor la tiene atribuida por ley la Dirección General del Catastro. Formalmente debe realizarla cada 10 años, sin embargo, una somera mirada sobre el panorama andaluz empieza a mostrar importantes divergencias: en Córdoba el valor catastral no se revisa desde 1995, en Cádiz desde 1996, en Jaén y Granada desde 1997, en Sevilla desde 2001, en Almería desde 2008 y en Málaga desde 2009. ¿Recordamos el precio de la vivienda a mediados de los 90? ¿Y en 2008, cuando todavía no se sabía hasta dónde podía bajar el precio de un piso?

O por miedo al coste político, o por falta de recursos, o por falta de interés o por algún otro motivo, el caso es que de facto el valor catastral no se revisa y cuando se hace es previa conformidad o solicitud del ayuntamiento afectado. La catedrática de la Universidad de Granada reconoce que "difícilmente la Dirección General del Catastro tiene medios para someter a revisión todos los suelos y bienes urbanos de un municipio". En definitiva, la falta de claridad está servida.

A partir de ahí el terreno de juego se empieza a embarrar. Ha habido ocasiones en las que Hacienda ha obligado a los ayuntamientos ha subir el tipo de gravamen que aplicaban. María José Fernández recuerda que se hizo en su momento en varios municipios para compensar la pérdida de recursos al desaparecer el IAE. Otras veces simplemente se ha acordado una subida general del valor catastral pero sin efectuar la revisión. Es lo que ha sucedido, por ejemplo, en Sevilla, que se ha incrementado en un 10% en el último año. Para añadir un grado más de confusión al panorama, los alcaldes tienen la opción de aceptar o no el incremento que propone el Catastro.

Una vez establecido que el valor de la casa, el local o el solar urbano por los que se paga el IBI responde a esta lógica confusa, el ayuntamiento fija el tipo de gravamen dentro de sus márgenes legales, y necesidades políticas y económicas. Es importante tener en cuenta que el IBI es combustible de primera calidad. El contribuyente lo paga con reconocida facilidad, pero también se levanta en armas si le tocan el bolsillo con sorpresa y alevosía.

El resultado de este delicado encaje de intereses es que el gravamen que se cobra en Málaga (0,45%) es con diferencia el más bajo de las capitales andaluzas y uno de los más reducidos del país, mientras que el de Huelva (1,062%) es de los más caros de España. Enmedio figuran Cádiz (0,84%), Sevilla (0,73%), Granada (0,67%), Jaén (0,60%), Córdoba (0,57%) y Almería (0,49%).

¿Significa que los contribuyentes de Huelva son los que más pagan por IBI y los de Málaga los que menos? No. La disparidad entre los tipos aplicables responde unas veces a la necesidad de mejorar la recaudación, pero otras muchas es efecto del juego al gato y ratón con el que los alcaldes tratan de amortiguar el efecto negativo o positivo del valor catastral sin que se desplomen sus ingresos. Ese mecanismo es, por ejemplo, el que ha conducido al Ayuntamiento de Málaga a reducir hasta el 0,45% el tipo del IBI con el fin de compensar el impacto de la revisión catastral que se llevó a cabo en 2009. En la misma medida, es lo que ha conducido a Huelva a subir el tipo más que nadie para compensar que el valor de sus inmuebles sea el de hace 16 años.

Según la Dirección General del Catastro los vecinos de Cádiz son los que más pagan de media y los de Córdoba y Jaén los que menos. Dato a dato: el importe global reconocido del IBI urbano de la ciudad de Cádiz en 2015 se eleva a 37,6 millones de euros. Esa cifra dividida por los 81.580 bienes urbanos arroja una cuota media de 461,1 euros el año pasado. Mientras, en Córdoba el montante total (69,2 millones) dividido por sus 279.721 bienes deja la cuota media en 247,5 euros. La diferencia entre uno y otro es del 86%.

Entre ambos extremos se sitúan Sevilla, con un recibo medio de 303,9 euros, Granada (267,7), Málaga (265,8), Huelva (265,6 euros), Almería (254,5) y Jaén (248 euros).

En estos cálculos, no obstante, figura el IBI urbano residencial, pero también el que pesa sobre determinados bienes especiales como aeropuertos, puertos, carreteras o presas, entre otros bienes singulares. Ademas, hay que tener en cuenta que los ayuntamientos tienen establecido un importante catálogo de bonificaciones.

Para Ruiz Galdón es imprescindible abordar una revisión de este tributo tan sensible para los ayuntamientos. Afirma que el Gobierno debe tomarse en serio la recomposición del IBI, de modo que esa combinación de valores catastrales y tipos de gravámenes no acaben volviendo locos a "municipios y ciudadanos".

La catedrática María José Fernández Pavés subraya que los ayuntamientos "deben asumir su corresponsabilidad fiscal porque aunque sea limitada, tienen capacidad tributaria", pero advierte que este paso se debe dar dentro de "un rediseño fuerte de la financiación local en su conjunto que contemple una distribución razonable de los recursos entre el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, y no solo desde una perspectiva recaudatoria, sino también de racionalización de gasto". Recuerda que el desarrollo y el bienestar local depende de las inversiones plurianuales que se planifican y desde este punto de vista reivindica aligerar las recetas de la austeridad.

En este sentido, pone el acento en que la reforma del artículo 135 de la Constitución para fijar en la Carta Magna los límites al déficit público permite un ligero margen a las administraciones central y autonómica, pero no a las locales, "y pese a todo han sido las que han cumplido mejor".

En cualquier caso, una visión general sobre lo que ha ocurrido durante la crisis económica demuestra que los municipios han acudido al IBI para mejorar sus ingresos. Las administraciones locales españolas ingresaban en 2007 por este tributo 8.048 millones de euros, frente a los 13.187 de 2014. Es decir, la recaudación nacional por este concepto ha crecido en siete años un 67%.

"Han caído las plusvalías, el impuesto de instalaciones construcciones, instalaciones y obras y las tasas sobre las licencias. Todo se ha desplomado, mientras que el IBI es mucho más estable y no se puede deslocalizar como sucede con otros tributos, de ahí que muchos hayan tratado de subir los tipos. En Granada se han tocado más de una vez, aunque desde el equipo de Gobierno se decía que no", indica María José Fernández Pavés.

En su opinión la compleja configuración de este tributo, favorece el teatro de luces y sombras en política: "El Gobierno dice que no lo sube, la oposición que sí lo ha subido, se genera desconcierto y el ciudadano ante esos mensajes contradictorios reacciona con desapego".

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios