La diferencia fiscal entre ser andaluz o canario

  • Las exenciones autonómicas convierten España en un laberinto legal

El acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos para reducir el Impuesto de Sucesiones y Donaciones palía el agravio comparativo tributario que sufren los andaluces en relación con otras comunidades autónomas sujetas al régimen general. Pero las diferencias siguen estando ahí y aún queda mucho por hacer para que la igualdad ante la ley de los españoles sea también igualdad a la hora de tributar. Y aún habría que dejar a un lado País Vasco y Navarra, cuyos fueros les permiten una envidiable independencia fiscal y juegan en una liga distinta a la del resto de autonomías.

Tras años encabezando la clasificación, los andaluces ya no son los españoles que abonan el IRPF del país. La paradoja estriba en que Andalucía sigue aplicando el mayor tipo máximo agregado de España, un 48%, junto a Cataluña, Cantabria, la Rioja y Asturias. La explicación estriba en el pacto entre PSOE y Ciudadanos para la aprobación de los Presupuestos de la Junta de Andalucía de 2016. La formación naranja arrastró entonces a los socialistas a la primera bajada de impuestos de la Junta, al reducir en dos puntos la tributación para los tramos de rentas inferiores a 60.000 euros. Si se toman como referencia unos ingresos de 20.000 euros -el salario medio andaluz se sitúa en 20.782 euros anuales según el INE-, un andaluz cuyos ingresos procedan únicamente de las rentas del trabajo y sin derecho a deducciones abonaría 2.372,70 euros, 207 euros más que un madrileño, y casi 140 euros menos que un catalán, el que más IRPF paga, según un estudio del Consejo General de Economistas.

A medida que se escala en las rentas, la imposición andaluza se coloca ostensiblemente en la parte alta de la horquilla nacional. Por ejemplo, con una base imponible de 300.000 euros -y siguiendo los mismos supuestos de ingresos exclusivamente de rentas del trabajo y sin derecho a deducciones-, un andaluz tributará 128.871 euros, casi 800 euros menos que un cántabro -que sufre la mayor imposición a partir de los 160.000 euros de renta-, pero casi 10.000 euros más que un madrileño.

En cuanto a Sucesiones y Donaciones, hay comunidades donde el gravamen es prácticamente testimonial, como Canarias o Madrid. Un soltero de 30 años que herede de su padre bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 corresponden a la vivienda del fallecido, abonaría 134,2 euros en Canarias, 1.586 en Madrid o 164.049 euros en Andalucía hasta el acuerdo suscrito entre Ciudadanos y PSOE. Esta situación ha llevado a que se multipliquen las renuncias a herencias en Andalucía y otras regiones con alta tributación.

Si a esto se le suma que en Madrid el Impuesto de Patrimonio está totalmente bonificado, se comprende que muchos fiscalistas recomienden a sus clientes más adinerados a exiliarse fiscalmente a la comunidad madrileña. Por ejemplo, un contribuyente con un patrimonio de 15 millones de euros -en cuyo importe no se tienen en cuenta los 300.000 exentos de la vivienda habitual y no tiene ninguna discapacidad- no abonaría nada si su domicilio fiscal se encuentra en Madrid, pero la misma persona tendría que abonar 410.655 euros en Extremadura y 331.444 euros en Andalucía, según la comparativa del Consejo General de Economistas.

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