Sorpresa es la palabra que resume y define la reacción de la diócesis de Cádiz al conocer la petición de la Guardia Civil para que el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla impute a su obispo emérito, Antonio Ceballos, en el caso de los ERE por un presunto delito de tráfico de influencias. Tras conocerse la noticia el lunes, "sorpresa" fue también la valoración que ayer salió del Obispado gaditano.

Un escueto comunicado difundido al mediodía fue su única respuesta. En apenas seis líneas, además de mostrar su sorpresa por la información aparecida "en que se menciona al Obispado de Cádiz y Ceuta y a su obispo emérito con motivo de una antigua subvención", la Iglesia señaló que "entendemos que la diócesis ha actuado en todo momento respetando la legalidad vigente". Y en base a ello, "manifestamos nuestra mejor disposición a colaborar con la Justicia, en todo cuanto nos pidan, confiando en una pronta aclaración".

El comunicado no entra en más consideraciones ni menciona a Ceballos y resalta que los hechos investigados guardan relación con una etapa anterior en el Obispado.