Juicio de los ERE

Un ex director de IDEA alega que no apreció "ninguna duda o sospecha de la más mínima irregularidad"

  • Jacinto Cañete asegura que la "única opción" que tenían era aceptar los pagos una vez que eran revisados por los servicios jurídicos y financieros de la agencia

Jacinto Cañete en el juicio Jacinto Cañete en el juicio

Jacinto Cañete en el juicio / Efe

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El ex director de la agencia IDEA Jacinto Cañete ha alegado este martes en su declaración ante el tribunal que enjuicia el denominado "procedimiento específico" para el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que concedía la Consejería de Empleo que no apreció "ninguna duda o sospecha de la más mínima irregularidad" en relación con el cometido que tenía encomendado la agencia.

Jacinto Cañete, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de ocho años de prisión y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha asegurado en la vigésimo sexta sesión del juicio que en IDEA no se veía "un solo expediente" de las ayudas que tramitaba la Consejería de Empleo y así ha señalado que cuando los convenios particulares eran revisados por los servicios jurídicos y financieros de la agencia y sometidos a su firma, su "única opción era pagar" las ayudas, al tiempo que ha explicado que las resoluciones dictadas por el director general de Trabajo y Seguridad Social tenían "plena eficacia" y lo que hacían era "acatarlas".

El acusado, que fue director de la agencia menos de 18 meses (entre mayo de 2008 y diciembre de 2009), he reconocido que durante su etapa al frente de IDEA recibió los informes de cumplimiento realizados por la Intervención de los años 2007 y 2008, y el de cuentas anuales de 2006, informes que no se leyó pero sí le pidió al director de Finanzas un resumen de los problemas que pudieran recogerse y, según Jacinto Cañete, el director de finanzas le comentó sobre el contenido del mismo que "en líneas generales la empresa cumple con toda la normativa vigente".

En los mismos, ha continuado el ex alto cargo, se habla de la "inadecuación" del uso de las transferencias de financiación, por lo que pidió que se trasladara todo lo que no fuera competencia de IDEA a la Consejería de Empleo. "Nosotros más que insistir y comunicar, no podíamos hacer otra cosa", ha argumentado Cañete, que ha añadido que el director de Finanzas "jamás" le comentó el contenido del informe adicional de cumplimiento de la Intervención del ejercicio 2003, del que no ha sido consciente hasta que lo ha visto en la causa judicial.

Y lo mismo ha dicho sobre las transferencias de financiación con la que se pagaban las ayudas, en el sentido de que no las ha conocido hasta su implicación en el caso, ni sabía la diferencia entre una transferencia de financiación y un encargo de ejecución.

A preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra, el ex director de IDEA ha insistido en que la competencia para la gestión, tramitación y en su caso justificación de las ayudas correspondía a la Consejería de Empleo.

Cañete ha explicado que cuando se incorporó a la agencia, su antecesor en el cargo, Miguel Ángel Serrano Aguilar, también acusado en esta causa, le informó de que había un programa presupuestario que gestionaba la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social y que se iban pagando por IDEA, pero "no le dijo más", ni tampoco le informó del "mecanismo presupuestario por el que llegaba ese dinero a la agencia".

Preguntado sobre el supuesto déficit generado en IDEA por el uso de las transferencias de financiación, Cañete ha alegado que es "imposible técnicamente" que la agencia pudiera tener un déficit, y ha subrayado que los técnicos le comentaron que no existía por el pago del programa derivado de Empleo "ningún tipo de afectación patrimonial a la agencia", sino un "desajuste" entre los compromisos adquiridos por la Consejería de Empleo y los fondos enviados a IDEA.

Aún así se pusieron a trabajar para intentar "dejarlo a cero" y eso se logró en 2009, cuando se produjo incluso un excedente de 1,2 millones de euros, tras haber mantenido dos reuniones con los viceconsejeros de Empleo e Innovación, Agustín Barberá y Jesús María Rodríguez Román, respectivamente, en las que empleo dio "pleno confort" de acabar con ese descuadre.

El compromiso de la Consejería, ha precisado, consistió en dejar de recibir convenios para pasar a recibir "resoluciones" por el que Empleo asumía los "compromisos exactos", en el que el importe de lo que se paga siempre coincide con las ayudas que concedía Empleo. "Hay un cambio de formato de la relación, pero nada más", ha añadido Cañete, que ha explicado que a partir de ese momento el abono de las ayudas venía firmado por el viceconsejero.

Cañete ha insistido que cuando llegó al cargo el sistema por el que se concedían las ayudas estaba "funcionando" desde hacía ocho años, por lo que no tuvo "ninguna duda" y todo se enmarcaba dentro de la "normalidad", por lo que tampoco conoció el convenio marco del 17 de julio de 2001.

La anécdota de la jornada se produjo cuando el presidente del tribunal, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, se dirigió al ex consejero de Innovación Francisco Vallejo para que se "sentara bien", al entender que no estaba lo suficientemente erguido en la silla.

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