El empresario cordobés Miguel Ángel Tamarit, presidente de la empresa Faasa y de la Asociación de Empresas Fabricantes y Servicios de Córdoba (Asfaco), pidió ayer disculpas horas después de realizar unas declaraciones en las que afirmó que es complicado invertir en Cádiz porque sus trabajadores son "graciosos" pero "no trabajan". La polémica comenzó a raíz de una intervención de Tamarit en un acto con empresarios en la Diputación de Córdoba, donde valoró los datos de la Encuesta de Población Activa, que sitúan a Córdoba como la segunda provincia andaluza con más paro, por detrás de Cádiz. "Cádiz es complicada para invertir porque allí no se trabaja. Los gaditanos son graciosos, tienen fama por sus carnavales, pero en Córdoba tenemos fama de más seriedad, más senequismo y no nos merecemos tener el segundo puesto de paro de Andalucía", sostuvo en su intervención. También explicó que los trabajadores "de las navieras y de los astilleros" eran famosos por ir a pescar al puente José León de Carranza con sus monos de trabajo.

El alcalde de Cádiz, José María González, lamentó las palabras de Tamarit. "Me gustaría decirle, y si tengo oportunidad se lo diré a la cara, que los gaditanos y las gaditanas somos gente muy trabajadora que nos acostamos muy tarde y nos levantamos muy temprano para buscarnos la vida y pelear para ponerle un plato encima de la mesa a nuestros hijos e hijas y buscar un futuro que gente como el señor Tamarit nos niega", insistió el regidor de la ciudad.

Previamente, el presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, Javier Sánchez Rojas, expresó su "bochorno" por estas declaraciones y aseguró que, si se recogiese en los estatutos de su organización, propondría su declaración como empresario non grato en Cádiz.

El empresario pidió disculpas en un escueto comunicado en el que señaló que no pretendía "hacer una comparativa entre provincias ni crear polémica". La compañía que preside, Faasa, está investigada por el caso de la licitación de los helicópteros del Infoca. Además, la Policía ve indicios de prácticas de oligopolio junto a su rival Inaer en el reparto de los concursos de la Empresa Pública Emergencias Sanitarias (EPES), según un informe remitido la pasada semana por la Policía Judicial al Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla.