El ex interventor sospecha que el presidente se escudará en él

El ex interventor general de la Junta de Andalucía desde 2000 a 2010, Manuel Gómez, envió ayer a los medios de comunicación el documento que entregó al Parlamento tras las declaraciones de Griñán en la comisión de investigación. Gómez sospecha que el presidente andaluz abundará hoy en el posicionamiento de que el interventor general nunca le advirtió de fraude ni de mala utilización de recursos públicos y por ello Gómez recuerda su contundente texto de 65 páginas que amplió su declaración en el que defiende que Griñán debió hacer algo más, como "coger el extintor".

En este escrito enviado en octubre, el ex interventor general replica algunas de las afirmaciones del presidente de la Junta de Andalucía ante la comisión de investigación y señala que, si alguien debió "coger el extintor" para apagar el fuego de los ERE, ése era precisamente Griñan, como consejero de Hacienda. Culpar a la Intervención sería, a su juicio, "infame" y "grotesco".

"¿Quién no estaría de acuerdo en que habría sido oportuno (oportuno, que no legalmente preceptivo) que el consejero de Hacienda (el ahora presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán) hubiera adoptado medidas para corregir algunas de las importantes deficiencias puestas de manifiesto en las auditorías?", se preguntó el que fuera interventor general entre 2000 y 2010 en este escrito enviado a la comisión de investigación parlamentaria.

Gómez defiende que su departamento no emitió un informe de actuación sobre el asunto al tiempo que critica que este hecho se esgrima para "justificar la inactividad de los órganos responsables de subsanar las deficiencias puestas de manifiesto". La Intervención General, afirmó Gómez, emitió duros informes contra el fondo para empresas en crisis que censuraban el procedimiento, pero estas quejas fueron ignoradas y el Gobierno continuó aprobando el fondo año tras año entre 2001 y 2010.

Gómez contestó también así a los consejeros que ante la comisión de investigación de los ERE acusaron a la Intervención de no haber alertado a tiempo y de manera conveniente del fraude.

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