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Gibraltar

El fantasma de la Verja

  • El cambio de códigos de fronteras Schengen obligará a controles obligatorios a todos los ciudadanos

Cola de vehículos para entrar en Gibraltar.

Cola de vehículos para entrar en Gibraltar. / andrés carrasco

Siempre que se avecinan cambios en la Verja, los ciudadanos de la comarca -especialmente, los de La Línea- y de Gibraltar quedan expectantes. Cunde entonces el temor de que vuelvan las insoportables colas que, en el pasado, afectaron a las aproximadamente 30.000 personas que la cruzan cada día.

Pues bien, se avecinan cambios. Aunque está por ver qué efectos tendrán, sobre el papel serán de gran calado, porque obligarán al Gobierno de España a introducir controles obligatorios a todos los viajeros, incluidos los ciudadanos europeos, que la atraviesen. Es decir, en teoría, los agentes españoles tendrán que pedir y comprobar la documentación de todas y cada una de las personas que entren o salgan de Gibraltar. Es inevitable que surja la imagen de las largas filas de personas o vehículos en los aledaños del paso fronterizo que se dieron, hiciera calor o frío, no hace tanto.

El cambio obedece a la modificación del código de fronteras Schengen que los países de la Unión Europea (UE) aprobaron en diciembre y que está pendiente de someterse al voto en primera lectura de la Eurocámara antes de ser adoptada por el Consejo. Los embajadores de los Veintiocho (Coreper) ya respaldaron el acuerdo informal alcanzado por el propio Consejo y el Parlamento Europeo, por lo que la aplicación del nuevo sistema es cuestión de tiempo. Y no demasiado. En julio de 2015, el Gobierno español puso en marcha en la aduana de La Línea el sistema ABC (en inglés Automatic Border System; Control Automático de Fronteras), que con el tiempo propició una mayor agilidad en el tránsito de la Verja y un descenso del contrabando.

El Reino Unido -y, por extensión, Gibraltar- no pertenecen al Acuerdo de Schengen, por lo que la Verja se considera a todo los efectos una frontera exterior de la UE. Y es ahí donde los países europeos quieren reforzar los controles para que los agentes puedan cruzar los datos de cada viajero con las bases de datos europeas, incluidas las del sistema de libre circulación Schengen, las de Interpol y las de otras agencias, para comprobar si la persona utiliza documentos de viaje falsos o robados o si representa una amenaza para el orden público de la Unión. El asunto se fraguó a propuesta de la Comisión Europea en diciembre de 2015, en respuesta al aumento de la amenaza terrorista en Europa. Fue después de los atentados de París de noviembre de 2015. Hasta ahora, los estados miembros están obligados a someter a controles sistemáticos a los nacionales de terceros países, realizando comprobaciones en las bases de datos correspondientes, pero la legislación vigente no prevé que esas verificaciones se apliquen a las personas que disfrutan de libertad de movimiento bajo la legislación europea. Tampoco contempla los controles de salida. A partir de ahora será así.

"Los terroristas no respetan las fronteras nacionales, por lo que los controles sistemáticos en la frontera exterior son una forma clave para evitar que vengan a la UE, pero también para que no viajen a zonas de conflicto", dijo el comisario de Seguridad, Julian King, tras cerrarse el principio de acuerdo en diciembre.

La buena noticia es que la UE ha previsto una serie de medidas para evitar que los cambios tengan un "impacto desproporcionado" en el nivel de tránsito. Como podría suceder en la Verja. Así, los Estados miembros podrán decidir realizar en las fronteras terrestres y marítimas un control "selectivo" sobre las personas con derecho a la libre circulación en momentos de fuerte presión en el tránsito, siempre que una evaluación de riesgo certifique que ello no aumentará la amenaza sobre la seguridad interior, las relaciones con países terceros o una amenaza para la salud pública. Las autoridades -españolas en este caso, por que Gibraltar no tiene obligación de cumplirlas al no pertencer al Acuerdo de Schengen- podrán recurrir a controles selectivos y no sistemáticos durante un periodo limitado de seis meses (prorrogables a 18 meses en situaciones excepcionales), si necesitan ese tiempo adicional para adaptarse a las exigencias de infraestructura y logística que exige la nueva norma.

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