No por esperado, el golpe ha sido menor. Manuel Chaves y José Antonio Griñán suman dos décadas de historia del socialismo andaluz, ambos han sido ministros, ex presidentes de la Junta, secretarios generales del PSOE en Andalucía y presidentes de la Ejecutiva federal, el puesto que en su día ocupó el histórico Ramón Rubial. Ambos solicitaron hace unos días su baja de militancia en el partido del que forman parte desde las postrimerías del franquismo; enviaron una carta a su secretaria general, Susana Díaz, en la que expresaban su deseo de dejar la formación en el caso de que, como ha sido, fueran procesados. A esto se ha unido también la baja de Gaspar Zarrías, otro de los nombres imprescindibles en la última historia del partido, y del resto de los procesados: a todos se les suspende de acuerdo con el código ético que impulsó el secretario general, Pedro Sánchez.

La tesis que sostuvo la juez Mercedes Alaya desde el principio, la "ideación" de un sistema de ayudas ilegales para sostener un régimen clientelar, se ha impuesto por el momento a la espera del juicio. La pirámide de la que habló la instructora se ha derrumbado por la cima. Su sucesor en el juzgado, Álvaro Martín, ha fulminado la teoría de los cuatro golfos y, además, ha ido un paso más que el Tribunal Supremo (TS), al señalar a Griñán en un delito de malversación de fondos, además del de prevaricación administrativa. Eso sí ha constituido una sorpresa. En el PSOE sostienen, no obstante, que la repercusión política "estaba descontada", porque desde el señalamiento del TS se suponía que ambos iban a sentarse en el banquillo. "Ellos tomaron ya todas las responsabilidades políticas posibles, no hay más", indicó ayer el portavoz parlamentario, Mario Jiménez. Al igual que Antonio Hernando, responsable del comité electoral de Sánchez, Jiménez defendió "la honradez y la honestidad" de los dos ex presidentes. "No se han llevado ni un euro", afirmó.

Susana Díaz, desde Córdoba, suscribió este parecer: se trata de personas honestas y confía en que el juicio se resuelva en ese sentido. "Nunca se han beneficiado de sus cargos", sentenció la presidenta.

El auto del juez fulmina la historia reciente de este partido, que sin embargo logra salvarse porque acometió a tiempo un profundo cambio de la nómina de sus dirigentes, motivada básicamente por el caso de los ERE. Aunque la edad también pesaba, las acciones de Alaya se convirtieron en un catalizador del cambio. Chaves se convirtió en presidente de la Junta en 1990 y lo fue durante 19 años, le siguió Griñán durante cuatro. Chaves fue elegido secretario general del PSOE andaluz en 1994 y lo fue durante 16 años, Griñán tomó el relevo otros tres años. Y ambos fueron los presidentes federales en Ferraz, Chaves durante 12 años, con José Luis Rodríguez Zapatero; Griñán, otros tres, con Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero, además, están imputados Zarrías, Francisco Vallejo, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo, Magdalena Álvarez y José Antonio Viera, todos imprescindibles en su día tanto en el Gobierno de la Junta como en el PSOE.

Casi todos los dirigentes actuales defendieron la honestidad de los ex presidentes. Pedro Sánchez sí puso algo de tierra de por medio. "Soy un político limpio", dijo el candidato desde Santander al ser preguntado por las repercusiones electorales de este procesamiento. "Respeto al trabajo de los jueces. Yo no voy a hacer como el PP, que cuestiona el trabajo de los jueces. Y en segundo lugar, es evidente que asumieron su responsabilidad política el año pasado", sostuvo Sánchez. También Margarita Robles, ex ministra y número dos de la lista por Madrid, defendió la labor de los jueces.

Chaves y Griñán ya dejaron el año pasado sus actas en el Congreso y en el Senado, respectivamente, aunque en esa ocasión fue Ciudadanos el que les empujó a dimitir después de ser señalados por el Supremo. Esta vez, todo ha ido más rápido. "Nunca nadie ha tenido que decirles a Chaves ni a Griñán qué tenían que hacer con sus actuaciones y manifestaciones, servir a España, servir a Andalucía, y servir al proyecto del PSOE, nunca nadie ha tenido que decirles qué es lo que tenían que hacer, y en este caso tampoco", explicó Mario Jiménez. Desde entonces, los ex presidentes apenas han tenido una vida pública; en especial, Griñán, retirado prácticamente de todo. La última vez que se les vio fue, sin embargo, hace tres días, cuando comparecieron ante la comisión de investigación de los cursos de formación en el Parlamento andaluz. Estaban bastante tranquilos. Habían asumido que serían procesados, aunque no se esperaba el nuevo delito que se le imputa a Griñán.

El código ético del PSOE recoge, en su punto quinto, que "los militantes que se les abriera juicio oral por un delito relacionado con la violencia de género o la libertad e indemnidad sexuales (acoso, abuso o violación) o contra la integridad moral, o aquellos ligados a la corrupción serán suspendidos cautelarmente de militancia, y en caso de dictarse una sentencia condenatoria que adquiera firmeza serán sancionados con la expulsión del partido". A la suspensión le seguiría la expulsión, o la baja definitiva, en caso de ser condenados. Se verá en 2017.