La Fiscalía Superior de Andalucía ha rebajado hoy en sus conclusiones definitivas de tres a un año su petición de cárcel por cohecho para el ex asesor urbanístico Juan Antonio Roca, quien ha advertido de que en sus próximas causas judiciales dirá la verdad "con todo lo que ello comporta".

En la última jornada del juicio celebrado en el Tribunal Superior de Justicia andaluz por una causa desglosada del 'caso Malaya', la acusación pública ha mantenido su solicitud de tres años de cárcel para el juez Francisco Javier de Urquía por cohecho y también las penas que pedía para el empresario francés Arnaud F.A..

El fiscal, quien ha destacado los "móviles valientes" que habrían impulsado ayer a Roca a revelar el cohecho durante su declaración frente a lo sostenido por éste durante la instrucción, considera que tanto De Urquía como Arnaud F.A. solicitaron "expresamente" dinero al ex asesor marbellí para que el juez adquiera una vivienda. Aunque el representante del Ministerio Público acusa, entre otros delitos, a los tres acusados de cohecho, ha aplicado a Roca una pena inferior al imputarle el previsto en el apartado segundo del artículo 423 del Código Penal, que castiga "a los que atendieren las solicitudes de las autoridades o funcionarios públicos".

La acusación pública mantiene que en el curso de la investigación judicial y, según se deduce del desarrollo del juicio oral, ha quedado acreditado que Roca -al que también acusa de asesoramiento ilícito-, conforme a la solicitud que le realizaron previamente los otros dos acusados, se comprometió y llevó a cabo el pago de un total de 73.800 euros.

Para el juez imputado el fiscal pide tres años de cárcel, 19 de inhabilitación para empleo o cargo público y 213.000 euros de multa por presunta prevaricación judicial, cohecho y asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario. Arnaud F.A. se enfrenta por su parte a una petición definitiva de tres años de cárcel y multa de 150.000 euros por cohecho y multa de nueve meses con una cuota diaria de 100 euros por asesoramiento accidental o negociación prohibida a funcionario público. Las defensas han pedido la libre absolución de sus clientes, a excepción de la de Roca que ha aceptado únicamente la petición de un año de prisión por cohecho del Ministerio Fiscal.

En el derecho a su última palabra en el juicio, el ex asesor ha sentenciado que el anunciado cambio en su estrategia personal de defensa responde a una "reflexión seria y profunda". "Imagino que decir la verdad me va a conllevar más perjuicios que beneficios pero lo voy a hacer", ha avisado el presunto cerebro de la operación Malaya, quien ha apostillado que pretende hacerlo "inclusive con la oposición de su abogado".

Por su parte, el juez ha sido especialmente crítico con Roca y con la Fiscalía, acusación pública a la que ha acusado de llegar a un acuerdo con el ex asesor "para obtener la condena de un inocente". El magistrado ha calificado de "increíble" que el Estado español, a través de su representante del Ministerio Público, "vaya de la mano de un individuo de la envergadura del señor Roca" y ha advertido de la trascendencia que el supuesto acuerdo que atribuye tanto al ex asesor como a la Fiscalía tendrá en próximas causas.

En la última jornada del juicio, que ha quedado visto para sentencia, también ha tenido lugar la audición de doce conversaciones telefónicas grabadas entre el 15 y el 17 de marzo de 2006. El Tribunal, excepcionalmente presidido por la magistrada Inmaculada Montalbán, ha comunicado a las partes que emitirá sentencia antes del próximo 14 de agosto.