Una nueva discrepancia ha surgido entre los gobiernos central y autonómico por el uso de fondos europeos para completar las inversiones del Estado en Andalucía. Y, como en el caso de la Disposición Adicional Tercera del Estatuto, es de grueso calibre. Andalucía no está recibiendo el porcentaje de las inversiones totales del Estado que marca el Estatuto, en función de su población. Sería un 17,8%, mientras lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para este año es del 14,6. La diferencia son 400 millones de euros.

Pero sobre este asunto se ha abierto una nueva brecha entre los dos ejecutivos. La Junta ha analizado en origen de los 1.851 millones que se asignan a Andalucía, y ha concluido que unos 1.000 millones son fondos estructurales que la Unión Europea destina a la región y sobre los que el Gobierno central es un mero administrador. En este caso, los fondos propios verdaderamente destinados por la Administración central a Andalucía no llegan al 7% del total; menos de la mitad de lo que prevé el Estatuto.

En total, el paquete financiero destinado a Andalucía todos los años como región de Convergencia, con un PIB per cápita inferior al 75% de la media comunitaria, supera los 2.100 millones de euros en fondos estructurales y de cohesión. En su mayor parte son administrados por el Gobierno central: alrededor de 1.140 millones. El resto, unos 965 millones, son gestionados directamente por la Junta. Los fondos europeos se rigen por principios perfectamente establecidos: concentración, cooperación, programación, eficacia y adicionalidad.

Este último principio se incumpliría si se confirmase que 1.000 de los 1.851 millones de las inversiones del Estado son fondos estructurales. Por cierto, esa cantidad es casi totalidad de lo que administra al año el Gobierno central para Andalucía. El principio de adicionalidad está definido en la legislación comunitaria. Establece que toda la financiación estructural debe ser adicional a las establecidas por las autoridades tanto nacionales como regionales o locales. Para eso se exige cofinanciación de las distintas administraciones públicas, e incluso a las empresas privadas con las que se coopere.

En otras palabras, la adicionalidad tiene por objeto evitar que los fondos comunitarios sirvan para sustituir a las ayudas estructurales nacionales. Y la filosofía de la Disposición Adicional Tercera es precisamente establecer unas inversiones estatales como fondos suplementarios para conseguir la convergencia de Andalucía con la renta media nacional. Este periódico intentó ayer sin éxito conseguir una respuesta del Ministerio de Hacienda sobre este asunto.

La discrepancia entre los Gobiernos central y autonómico no es coyuntural. En caso de que no haya un acuerdo al respecto va a contaminar las relaciones entre ambos y ser objeto de algún litigio judicial. Se da la circunstancia de la Andalucía verá seriamente reducidos sus fondos europeos en las próximas perspectivas financieras, que abarcarán de enero de 2014 a diciembre de 2020. La Comisión Europea ha propuesto una reducción de un tercio en el paquete destinado a las regiones que salen de Convergencia porque han superado el 75% de la media de PIB per cápita. Esas regiones en Transición pueden, sin embargo, tener una reducción mayor, lo que depende de una negociación entre los 27 países miembros que debería terminarse en diciembre de este año, pero que probablemente no se salde hasta bien entrado el 2013. Y a menos subvenciones europeas, hay que imaginar que habrá más conflictividad en los repartos nacionales.

El consejero Antonio Ávila, que es un experto en fondos europeos, cree que la negociación dependerá mucho de los retornos que los grandes países consigan en los criterios de reparto. España, por ejemplo, salió muy beneficiada de la asignación pactada en Berlín en 1999, por coincidir con los intereses de Alemania, que consiguió entonces una parte sustancial del paquete de regiones Objetivo 1 para sus länder del Este. Más riesgos se pueden correr en el capítulo agrario, que supone para Andalucía entre 1.500 y 2.000 millones de anuales en el actual periodo 2007-2013. El consejero duda que el Gobierno pretenda primar el cereal castellano en detrimento del olivar andaluz. En ese sentido, Ávila no prevé conflictos: "La dehesa es lo más ecológico que hay y el olivar es un sumidero de CO₂, con lo que cumplimos con las exigencias medioambientales de la Comisión".

Una de las novedades reglamentarias del próximo periodo presupuestario será destinar una parte sustancial de los fondos estructurales a préstamos reembolsables. Se entiende que reembolsables a las autoridades regionales y nacionales, que podrán seguir prestándolo, sin tenerlo que devolver a la caja de Bruselas. Este sistema ya ha sido puesto en marcha en Andalucía, con 11 fondos distintos que han generado préstamos por 311 millones y una inversión total de 1.250 millones de euros.

Por cierto, que en junio llegó a España el pago de 255 millones interrumpido por Bruselas por una desviación de 1,02 millones de euros en un modificado de la variante de Marchena de la carretera A 364. Con la crisis, la Comisión ha aumentado su rigor en la inspección e interrumpe pagos cuando la desviación es superior al 2%. La factura de Giasa objeto del incidente tenía una desviación del 7,62%. La Comisión está en desacuerdo con la Ley de Contratos del Estado española y no admite modificados. La discrepancia entre administraciones está a la orden del día.