La crisis abierta en Andalucía en la política de promoción de empleo afecta desde este fin de semana pasado a 413 puestos de agentes locales en la comunidad autónoma, los ALPE. Antonio Ávila, consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo en la Junta de Andalucía, se ha comprometido, en cualquier caso, con los afectados a plantear antes del 20 de julio nuevos contratos temporales a tiempo parcial, de tres meses de duración. El compromiso se ha materializado a través de una carta remitida por la Consejería a los trabajadores y en la que, además, se señala directamente al Gobierno de Mariano Rajoy como responsable de la extinción de estos contratos. A su juicio, la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para 2012 limitaba al sábado 30 de junio la duración de la actividad de los promotores que trabajan en los "servicios públicos de empleo", y que afectarán, según sus datos, a "1.500 técnicos de empleo a nivel nacional".

El rechazo por el PP de dos enmiendas presentadas a los Presupuestos del Estado por el PSOE y CiU en el Congreso, que defendían la continuidad de los promotores de empleo hasta el 31 de diciembre de 2012, supone que 1.500 técnicos en el ámbito nacional y 413 en Andalucía tengan que abandonar las oficinas. Para la Junta, con esta medida, el "Partido Popular que sustenta al actual Gobierno central elimina, en el momento en que España se encuentra con la mayor tasa de desempleo de la democracia, servicios técnicos destinados a la atención a las personas desempleadas, información a las empresas y seguimiento de las actuaciones".

Un día antes de ese trámite parlamentario, la Junta ya había criticado que el Gobierno quiera "liquidar la figura de los promotores de empleo" a través de la Disposición final décimo cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que establece que los agentes "realizarán su actividad en las oficinas de empleo de los servicios públicos de empleo desde el 1 de febrero de 2011 hasta el 30 de junio de 2012".

La continuidad de los promotores de empleo forma parte del Plan de Empleo Integral que Antonio Ávila planteará el 18 de de este mes a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, en una reunión en la que el Ministerio no garantiza que se vayan a abordar estos temas. Sí parece seguro que el consejero pedirá explicaciones del supuesto trato preferente a Extremadura, con un fondo de compensación para las políticas de empleo.