Tres procesados por los contratos firmados por el Ayuntamiento de Jerez con la trama Gürtel prestaron declaración ayer ante el juez del Tribunal Supremo en el marco de la causa que investiga a la ex alcaldesa del PP, María José García-Pelayo. Así, declararon el que fuera director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad, José Agüera, la empleada de este organismo Lourdes Montenegro y el antiguo secretario del Ayuntamiento Manuel Báez, a quien el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata acordó sentar en el banquillo el pasado 8 de enero.

El abogado de Montenegro, Carlos Sancho, manifestó a los periodistas al término de la declaración que su defendida explicó que no tuvo relación con la alcaldesa para la firma de los contratos investigados ni para ningún otro asunto, y que su actuación en el Instituto de Promoción fue siempre la de "una mandada". Ni Báez ni Agüera quisieron valorar ante los medios de comunicación el contenido de sus declaraciones ante el juez, que se produjeron en presencia de un representante de la Fiscalía.

La Fiscalía Anticorrupción pide para ellos siete años de prisión por los delitos de prevaricación, falsedad cometida por funcionario público y fraude a las administraciones públicas a la hora de firmar los contratos investigados, realizados para Fitur 2004 y que fueron cerrados por el Consistorio con empresas de la trama Gürtel por importe de 355.000 euros.

Además de estas personas, comparecieron como testigos otras dos trabajadoras en el Ayuntamiento de Jerez. Al igual que Montenegro, ambas funcionarias del Consistorio rechazaron al término de sus declaraciones que tuvieran intervención en los contratos investigados o relación con la ex alcaldesa jerezana. El pasado día 13 ya prestaron declaración en esta causa el ex teniente de alcalde y ex delegado de Promoción Ciudadana Bernardo Villar de Lanuza, y los trabajadores del Gabinete Técnico de la Presidencia de la Alcaldía María Antonia Prado Peinado y José Antonio Repeto González.

Durante su declaración como investigada el pasado 22 de febrero ante el Tribunal Supremo, García-Pelayo negó que ella firmara los contratos realizados para Fitur 2004 que fueron cerrados por el Consistorio jerezano con empresas de la trama Gürtel. García-Pelayo se limitó a señalar a las puertas del Tribunal Supremo que como "todos saben los alcaldes no firman los expedientes". La ex alcaldesa, que fue imputada en la causa cuando era senadora, está siendo investigada por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa y otro de falsedad en documento público. El alto tribunal abrió causa contra García-Pelayo dada su condición de aforada en relación con determinados contratos administrativos realizados para Fitur 2004 con empresas de la trama como Special Events y Down Town, entre otras compañías.

El TS advirtió de "la trascendencia de los indicios" recogidos por el instructor del juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en la exposición razonada remitida. La Fiscalía también informó a favor de la apertura de las investigaciones.

El juez instructor de la Audiencia Nacional atribuyó a la ex alcaldesa jerezana la "consciente adopción" de resoluciones sobre la participación del Ayuntamiento de Jerez en Fitur 2004 como la aprobación de pliegos de condiciones de concursos para adjudicar contratos sin tener competencia para ello: "Sería la propia imputada -señalaba el auto de la Audiencia Nacional en referencia a la ex edil- la que habría ordenado la confección de los expedientes después de la ejecución de los servicios por las adjudicatarias, a la que hizo el encargo sin condición alguna". Después, García-Pelayo dictó presuntamente las nuevas resoluciones necesarias para que se llevaran a cabo los pagos.