El que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008, Francisco del Río Muñoz, romperá hoy el silencio que ha mantenido a lo largo de toda la instrucción del caso de los ERE para prestar declaración en el juicio por el denominado "procedimiento específico", que sienta en el banquillo de los acusados a 22 ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex presidentes Chaves y Griñán.

Francisco del Río, de 73 años, declarará en la decimoséptima sesión del juicio, aunque antes se completará el interrogatorio del ex director general de la agencia IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, que responderá a las preguntas de su defensa.

Francisco del Río, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, será el siguiente ex alto cargo procesado en declarar. Será la primera vez que el máximo responsable del gabinete jurídico declare en relación con los hechos que se investigan, puesto que cuando fue citado en la fase de Instrucción por la juez Mercedes Alaya, el 23 de mayo de 2014, se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Ahora, lo más probable es que Del Río responda a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, del tribunal y de su defensa, y no respondan a las acusaciones populares, como están haciendo todos los ex altos cargos, salvo el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, que sólo respondió a su abogado defensor.

En aquella comparecencia ante Mercedes Alaya, la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, reprochó a Francisco del Río que acudiera a 14 sesiones del Consejo Rector de IDEA en las que se dio cuenta de la firma de 22 convenios para el pago de ayudas con la dirección general de Trabajo, a los cuales, "en su labor de control como miembro" de dicho Consejo, "no opuso reparo alguno", como tampoco lo opuso a la firma del convenio marco de 17 de julio de 2001, por el que se concedieron las ayudas durante una década. Para Alaya, el ex alto cargo pudo tener "conocimiento previo" del convenio marco por el cargo que ostentaba como jefe del gabinete jurídico, teniendo en cuenta además que según había señalado el que fuera director del IFA Francisco Mencía, se le remitían los convenios particulares que debían ser objeto de aprobación por el Consejo y una copia de los mismo una vez que eran aprobados.

De este modo, la instructora consideraba que Del Río era "conocedor del procedimiento específico creado para sortear el cumplimiento de la legalidad a cambio de agilidad en el otorgamiento y pago de las subvenciones del programa 31L [Administración de las Relaciones Laborales], a través de su presupuestación y uso inadecuado de las transferencias de financiación, omitiéndose burdamente la fiscalización previa por la Intervención General y las bases reguladoras de tales subvenciones".

Decía Alaya que el jefe del gabinete jurídico participaría en esa actuación "abiertamente al margen del Derecho" como uno de los "máximos valedores de la legalidad en la Junta de Andalucía", y añadía que su participación podría determinar que el procedimiento específico "pudiera conocerse, al margen de la información que tuviera el Consejo de Gobierno, por la Consejería de Presidencia".

Del Río, por su "especial formación" debía conocer, "al igual que el resto del Consejo de Gobierno, que la figura de las transferencias de financiación sólo podían estar destinadas a financiar las pérdidas de IFA/IDEA y que además la consejería competente para financiar a al agencia desde mayo de 2004 no era la Consejería de Empleo, sino la de Innovación a la cual estaba adscrita IDEA". Alaya concluyó que la "falta de lógica del sistema sería evidente, pese a lo cual se renovaría en cada ejercicio presupuestario, participando Del Río en el mismo autorizando el pago de múltiples subvenciones".