Juicio de los ERE

El jefe del gabinete jurídico no conocía el convenio marco de 2001 por el que se concedían las ayudas

  • Francisco del Río reconoce que un proyecto de regulación de las ayudas llegó en tres ocasiones al "consejillo" pero no salió adelante

Francisco del Río, durante su declaración. Francisco del Río, durante su declaración.

Francisco del Río, durante su declaración. / EFE

El que fuera jefe del gabinete jurídico de la Junta de Andalucía Francisco del Río Muñoz ha asegurado este lunes, en la decimoséptima sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, que no tenía conocimiento del convenio marco suscrito el 17 de julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA/IDEA para el pago de las ayudas bajo sospecha. El ex alto cargo ha roto su silencio en el juicio, donde ha declarado por primera vez en relación a la causa de los ERE, dado que hasta ahora se había acogido a su derecho a no declarar.

Francisco del Río, que se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación, ha explicado a preguntas del fiscal delegado de Anticorrupción que el convenio marco lo ha leído "ahora", con motivo de la causa de los ERE, aunque ha precisado que, atendiendo a la literalidad del convenio, el mismo debería haber sido sometido al dictamen del servicio jurídico de la Consejería de Empleo. 

El fiscal también le ha preguntado si el convenio también tendría que haber sido publicado en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), aspecto sobre el que Francisco del Río ha señalado que habría que estudiar si era necesaria dicha publicidad. Del Río ha afirmado que el gabinete jurídico siempre actuaba "a demanda", es decir, que cualquier informe "había que pedírselo, aunque fuese preceptivo" que se emitiera dicho informe, ya que el gabinete no podía informar de un expediente que no se le remitiera.

Los servicios centrales del gabinete jurídico recibían cada año 20.000 asuntos, pero a los mismos no llegó la petición de informes sobre las ayudas vinculadas a las prejubilaciones, dado que aunque lo hubiese realizado la asesoría jurídica de la Consejería de Empleo, las consejerías incorporan sus documentos a la base de datos y, tras haber rastreado la misma, no ha aparecido ningún informe de la Consejería de Empleo sobre el convenio marco y la Agencia IDEA tampoco solicitó ningún informe al gabinete jurídico.

Del Río ha explicado que la "interpretación" que se dio al reglamento del año 2000 en relación con los convenios administrativos es que los mismos "estaban fuera de la dicción literal del decreto".

En cualquier caso, el ex alto cargo, que fue jefe del gabinete jurídico entre 1982 y 2012, ha dicho que conoce que se habló del convenio marco en una sesión del Consejo Rector de la agencia IDEA "a la que no asistió", ni tampoco estuvo en la siguiente reunión, donde se ratificaban las actas de las sesiones anteriores.

Según Del Río, no fue informado del convenio marco y en los "cinco" convenios particulares en los que intervino como miembro del consejo rector de IDEA "no había ninguna referencia al convenio marco".

Preguntado por el hecho de que las subvenciones las concediera directamente el entonces director general de Trabajo Javier Guerrero y no el consejero, como máxima autoridad en la Consejería, el acusado ha declarado que supone que habría "alguna delegación" para que el director de trabajo pudiera concederlas.

Del Río ha señalado que también intervenía como asesor verbal en la reunión de la Comisión General de Viceconsejeros de la Junta, los denominados "consejillos", y ha reconocido que un proyecto de decreto para regular las ayudas llegó hasta en tres ocasiones a los consejillos –el 13 de diciembre de 2000, el 17 de enero de 2001  y el 24 de enero de 2001-, pero "no siguió adelante" y desconoce las razones por las que no prosperó, aunque ha añadido que en aquella época se estaba tramitando un reglamento general de subvenciones y ese "sí se aprobó", ha precisado.

El ex alto cargo ha negado además que tuviera conocimiento de otro proyecto de orden reguladora de las ayudas promovido a finales de 2004.

También ha rechazado en su declaración que le transmitieran los reparos de la Intervención en relación con las ayudas a los trabajadores de Hijos de Andrés Molina (Hamsa), y ha añadido que desconoce cómo era la fiscalización de un expediente subvención o de una transferencia de financiación. 

El ex jefe del gabinete jurídico ha dicho que información sobre las resoluciones de la Intervención General de la Junta sobre las ayudas "recuerda muy pocas" de las que se diera traslado en las sesiones del Consejo Rector de IDEA, y ha precisado que en cualquier caso el informe no se entregaba, sólo se informaba del contenido del mismo.

Confianza legítima entre administraciones

La sesión de hoy ha comenzado con la parte final del interrogatorio al ex director general de IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, quien ha respondido a las preguntas de su abogado defensor, Miguel Delgado. Este ex alto cargo ha defendido en relación con la tramitación de los expedientes de las ayudas que daba la consejería de Empleo y pagaba el IFA que siempre se actuaba bajo el principio de "confianza legítima entre administraciones", por lo que se presuponía que los expedientes se habían ejecutado de forma eficiente. 

El ex director general de IDEA ha añadido que toda la documentación de los expedientes estaba en la dirección general de Trabajo y "si una dirección de Trabajo dispone de servicios técnicos y jurídicos, lo único que puede deducirse es que hay todo un expediente detrás", con todos los vistos buenos de los distintos servicios que intervienen y al IFA sólo se le pedía "el mero pago" de las ayudas. Sólo podían presuponer que las subvenciones estaban "perfectamente ajustadas a la legalidad", en función de es principio de confianza legítima entre las administraciones, ya que de no ser así se podría llegar al "bloqueo de la administración", ha destacado.

Según Serrano Aguilar, no recibieron nunca ninguna indicación respecto a que debían "presupuestar" dichas ayudas de otra manera, porque decían que lo estaban haciendo bien. "El IFA nunca anticipaba fondos", por lo que no le suponía nada el "desfase" creado en el pago de las ayudas, dado que "sólo pagaban en la medida en que recibían los recursos".

Serrano Aguilar ha concluido que "no tuvo jamás ninguna sombra o atisbo de ilegalidad" en su actuación, dado que en caso contrario lo habrían elevado a sus superiores.

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