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Andalucía

El ex gobierno al completo del PA en Puerto Real está ya imputado

  • La Fiscalía pide que declaren los ediles que no habían sido citados por el caso de los aceites usados.

La Fiscalía de Cádiz ha pedido la suspensión provisional de la calificación del caso de los aceites usados en Puerto Real y que se llame a declarar en calidad de imputados a todos los concejales del Ayuntamiento que en la anterior legislatura formaban parte de la Junta de Gobierno Local cuando se firmó el convenio.

A las imputaciones de la ex alcaldesa, Maribel Peinado, y los ex concejales Beatriz Parrado, Juan Carlos Martínez y José Antonio Ayuso, se cita ahora a declarar, también en calidad de investigados a Jesús Plaza, Manuel Izco, Flores Domínguez y Francisco Javier Traverso. Tanto Plaza como Izco continúan como concejales del PA en la oposición, junto a Maribel Peinado.

En el escrito que la Fiscalía de Cádiz ha enviado al Juzgado de Instrucción número 1 de Puerto Real se explica que en el Estatuto de Autonomía para Andalucía se establece como competencia del Ayuntamiento la recogida y tratamiento de los residuos. También aclara que la prestación en "régimen de monopolio" de un servicio público será acordada por el pleno del Ayuntamiento y "con el voto favorable de la mayoría absoluta de la corporación".

Sin embargo, según explican desde la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Aceites y Grasas Comestibles (GEREGRAS), que fue quien interpuso la denuncia, "en el caso de Puerto Real no se aprobó nada en pleno". El convenio con la empresa BioUniversal se otorgó en la Junta de Gobierno Local, por lo que la Fiscalía ha pedido que se tome declaración como investigados a los ex ediles del PA: Flores Domínguez, Jesús Plaza y Javier Traverso como miembros de la Junta de Gobierno Local en la aprobación del convenio. Además, de a Manuel Izco, como miembro de la Junta de Gobierno local en la aprobación de una adenda posterior.

Otro aspecto en el que el Ministerio Público hace hincapié es en la falta de informes previos. La Fiscalía ha pedido un informe del secretario del Ayuntamiento en el que se explique si se cumplió el trámite previo al expediente que dio lugar al convenio que otorgó a la empresa BioUniversal la exclusividad en la recogida y gestión de los aceites usados procedentes de comercios, instituciones e industrias en el término municipal.

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