Dos ex presidentes de la Junta, siete ex consejeros, cinco ex viceconsejeros, tres ex directores generales de Trabajos, dos ex delegados provinciales, cinco directores generales del IFA/IDEA, cuatro ex secretarios generales de las consejerías de Empleo y Hacienda y otros altos cargos de la Administración autonómica. La lista de implicados en el fraude de los ERE sigue creciendo y en la misma aparecen ya un total de 31 ex altos cargos entre los 123 imputados que integran, por el momento, la interminable instrucción de Alaya.

La preimputación de los ex presidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a los ex consejeros José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio y Francisco Vallejo ha sido la última actuación de la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que ya a finales de junio pasado aumentó la cifra de imputados con una veintena de cargos públicos, entre los que destacan la ex consejera de Economía y Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez.

Con anterioridad, la magistrada había ya imputado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández, que pasó varios meses en prisión provisional, y a los tres ex directores general de Trabajo y Seguridad Social del periodo investigado (2000-2010), entre ellos Francisco Javier Guerrero, uno de los principales implicados en el fraude vinculado a los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) y al cobro de sobrecomisiones que la instructora considera ilegales.

En la lista de Alaya también se incluyen dos ex alcaldes de las localidades sevillanas de El Pedroso y Cazalla de la Sierra, Rafael Rosendo y Ángel Rodríguez de la Borbolla, respectivamente; así como el ex diputado del PSOE Ramón Díaz Alcaraz.

Entre los altos funcionarios de la Administración que han comparecido ante la juez Alaya destaca el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez Martínez, cuya declaración en julio pasado ha posibilitado que la magistrada estrechara el cerco sobre los ex presidentes de la Junta. En concreto, el ex interventor general de la Junta llegó a afirmar que al ex presidente José Antonio Griñán "no le importaban nada" los informes de auditoría que realizaba la Intervención General de la Junta, una conclusión a la que el funcionario llegó a través de las declaraciones realizadas por el presidente en sede parlamentaria.

A preguntas de su abogado defensor, el funcionario rechazó hasta once afirmaciones realizadas por José Antonio Griñán en su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investigó el caso de los ERE fraudulentos y apuntó, respecto a por qué cree que el Gobierno andaluz "no prestó oídos a su auditoría", que la misma fue remitida a tres miembros del Gobierno de la Junta y a la dirección del IFA/IDEA.