Un informe certifica el fracaso de la reforma psiquiátrica andaluza

  • La falta de recursos sociales y sanitarios condena a las familias a situaciones a veces insostenibles El sistema se encuentra casi "paralizado" por los efectos de la crisis

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Es difícil conocer el dato, es difícil saber cuántos enfermos mentales están fuera del sistema, cuántos carecen de una asistencia médica y social adecuada. Suele hacerse un porcentaje y si el cálculo es que hay 4.000 enfermos mentales graves en la provincia, no es descabellado decir que 200 no tienen atención. Lo preocupante va más allá del número, sea el que sea. Lo preocupante es que ese número va en aumento.

La oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado un informe demoledor sobre la comunidad que quiso ser pionera y vanguardia en la integración del enfermo mental en la sociedad. A día de hoy (no son palabras textuales) la reforma psiquiátrica es un fracaso si se piensa en lo que se concibió hace 30 años como alternativa a los manicomios. Las palabras textuales son las siguientes: "La reforma psiquiátrica supuso un paso histórico, valiente y teóricamente diseñado. Por primera vez se entendió los recursos plurales del enfermo mental y se prepararon estructuras y procesos. Hubo un antes y un después, que nadie puede negar. Sin embargo, la implantación progresiva se ha demorado y, hoy, se encuentra casi paralizada por los efectos de la crisis. La pandemia de siglo XXI, como definió la OMS a la enfermedad mental, ya está aquí. Y no nos ha pillado preparados, ni tan siquiera capaces de atender problemas que vienen de antiguo".

En su informe La Situación delos Enfermos Mentales en Andalucía que ayer entregó en el Parlamento, José Chamizo da la voz de alarma sobre la situación de estas familias que se sienten desamparadas ante la falta de asistencia adecuada por parte del Servicio Andaluz de Salud y de Bienestar Social.

"Mi hermano sufre trastorno mental grave y ha vuelto a sufrir una crisis. Mi madre es maltratada por mi hermano. Hoy recibe el alta en la unidad de agudos. Es un enfermo, él no tiene la culpa, pero tenemos miedo de que haga algo a mi madre o a cualquier otro". Con este testimonio, Chamizo inició la presentación del análisis sobre las deficiencias del sistema para dar respuesta a estas situaciones. Y continuó con otro caso protagonizado por una anciana: "Tengo 80 años y vivo en una residencia de mayores. Mi hija se fue de casa y la encontraron en la calle, descalza y desvalida. La ingresaron otra vez en la unidad de agudos. Mi hija es una persona estupenda cuando toma el tratamiento; pero cuando lo deja se vuelve violenta". A través de la desesperación de estas personas que acuden al Defensor del Pueblo para buscar una salida a situaciones insostenibles, José Chamizo critica la atención que presta el sistema a estos enfermos y reclama soluciones al Parlamento.

Los problemas en esta asistencia sanitaria, señala el informe, comenzaron a enquistarse por la falta de dotación de recursos suficientes, tanto de especialistas como de instalaciones, capaces de resolver los problemas más graves. Los recortes y la crisis empeoran aún más estas carencias que arrastra la salud mental.

El itinerario para estos enfermos es casi siempre el mismo: Cuando sufren un brote psicótico ingresan en las unidades de agudos de los hospitales, donde, tras una corta estancia, se estabilizan y reciben el alta. Pero no es suficiente. "Necesitan más comunidades terapéuticas donde permanezcan estancias más largas", incide el Defensor del Pueblo Andaluz. El informe de esta oficina es tajante al respecto: "Resulta crucial la implantación total de los tratamientos asertivos comunitarios, el incremento del número de comunidades terapéuticas y la mejora del ambiente terapéutico en las unidades de hospitalización". En la falta de recursos, esta oficina destaca la insuficiencia de "hospitales o centros de día, talleres, programas de prevención y promoción de la salud y rehabilitación, comunidades terapéuticas, pisos protegidos o viviendas tuteladas, centros ocupacionales, etcétera". Asimismo, este estudio califica de "preocupante" las demoras o incluso la paralización en el reconocimiento y aprobación de los expedientes para que estas familias puedan acceder a las ayudas que prevé la Ley de la Dependencia.

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