el juicio de los ere

"No éramos insensatos para mirar para otro lado de haber visto una ilegalidad"

  • El ex consejero de Empleo Antonio Fernández defiende que el programa 31L de las ayudas no pudo pasar desapercibido para la Cámara de Cuentas, que no encontró "ninguna ilegalidad" en diez años

Antonio Fernández gesticula durante durante su declaración en el juicio de los ERE. Antonio Fernández gesticula durante durante su declaración en el juicio de los ERE.

Antonio Fernández gesticula durante durante su declaración en el juicio de los ERE. / EFE

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha defendido este martes, en la trigésimo sexta sesión del juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, que no omitió ninguna actuación para permitir un fraude en relación con las ayudas bajo sospecha. "No éramos insensatos para haber mirado para otro lado de haber visto una ilegalidad. Nunca era una opción no haber hecho nada", ha aseverado el ex alto cargo, que ha insistido que esa opción no cabía y menos en una administración como la Junta donde cualquier actuación "deja huella".

Antonio Fernández, que continúa declarando por octava jornada, ha señalado que las modificaciones presupuestarias que se hicieron a la partida 31L por la que se tramitaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, recogían "con absoluta claridad y transparencia" las transferencias de financiación al IFA/IDEA, y además todas esas modificaciones contaban con el "informe favorable" de la Intervención General de la Junta porque, en caso contrario, no se podían aprobar.

Sobre el uso de las transferencias de financiación, que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostienen que sólo se podían usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, el ex consejero ha defendido que "en modo alguno" el uso para el pago de las ayudas "es prevaricoso" (sic), por cuanto es el uso que le confería la ley de Presupuestos cada año, y ha negado igualmente que se pretendiera además eludir la fiscalización previa de las ayudas. "En modo alguno ni se quería, debía ni podía hacer para encubrir", ha dicho el acusado, que tampoco está de acuerdo con que no exista una fiscalización. De la misma forma, ha asegurado que no recibió "nunca de nadie ninguna advertencia" sobre el uso de las transferencias.

El abogado defensor ha insistido en que si no existía fiscalización previa representaba que las ayudas se concedían "libérrimamente", a lo que Fernández ha contestado que "bajo ningún motivo ni ninguna circunstancia", sólo ha admitido que como mucho se concedían "discrecionalmente". Fernández ha insistido en que la intervención delegada en la Consejería de Empleo "siempre" ha fiscalizado los expedientes relacionados con las ayudas, algo que según fuentes del caso no es así porque la intervención delegada sólo fiscalizaba las transferencias de financiación que se hacían al IFA/IDEA para el pago de las ayudas.

El ex consejero ha agregado que no podía pensar "ni imaginar" ni tampoco fue advertido de que hubiera un tratamiento inadecuado en la gestión de las ayudas y ha vuelto a afirma que el informe de la Intervención del ejercicio 2003 sobre IDEA "no contenía nada sustancial", porque sólo incluía una "discrepancia de adecuación del procedimiento" y ninguno de los que "vieron el informe" alertaron o avisaron de que llevaba a adoptar alguna decisión.

El acusado ha reiterado que no conoció los informes con los reparos de la Intervención porque como viceconsejero no era destinatario legal de los mismos y en su etapa de consejero se remitían al consejero de Innovación, al que estaba adscrita ya la agencia IDEA. No obstante, ha afirmado que el viceconsejero Agustín Barberá le comentó el informe de 2003, pero no le dio trascendencia porque no contenía "ningún elemento de preocupación".

De otro lado, Fernández ha defendido que "nunca" le dio órdenes al entonces director general de Trabajo Javier Guerrero para que "hiciera algo" en relación con la concesión de las ayudas, porque "el cuánto, el cómo y a quién se daban se encargaba la Dirección General de Trabajo y sus servicios técnicos".El abogado de la defensa le ha exhibido un informe del director financiero de IDEA del año 2009 en el que se pone de manifiesto que el procedimiento "es correcto con carácter general pero es preciso hacer una serie de correcciones", algo que para Fernández supone que se "valida el procedimiento y asume el pago de cuestiones pendientes anteriores".

En cualquier caso, Fernández ha insistido en que la Cámara de Cuentas y el Parlamento andaluz conocían perfectamente el uso de las transferencias y el destino de las ayudas gestionadas con la partida presupuestaria 31L, dado que el destino de las transferencias de financiación estaba "perfectamente claro e identificado" en las cuentas generales de la Junta que examinaba la Cámara de Cuentas, por lo que "no podían haber pasado desapercibidos para la Cámara un programa de estas características y que se mantuvo durante 10 años". Así, ha dicho que este órgano de control podía "descender al mínimo tipo de gasto" en sus análisis, al detalle por ejemplo de detectar los gastos de protocolo y de caja.

Y así ha concluido que "en 10 años no encontraron ninguna ilegalidad en la partida 31L los miembros de la Cámara de Cuentas", que ha recordado tiene un plan anual de fiscalización, y ha destacado que durante diez años no hubo base ni motivo ni indicio para desarrollar una fiscalización específica, por lo que considera que el programa no tuvo "tacha de ilegalidad", algo que Fernández entiende que puede "extenderse" al Parlamento andaluz.

Sobre el Parlamento, ha relatado que durante seis años se sometió a debate de todos los grupos en el seno de la comisión parlamentaria la partida 31L "con absoluta extensión y conocimiento" de los parlamentarios, que tenían conocimiento a partir de las propias enmiendas que hacían a esta partida.

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