El ex consejero de Empleo Antonio Fernández defendió ayer, en la trigésimo sexta sesión del juicio, que no omitió ninguna actuación para permitir un fraude en relación con las ayudas bajo sospecha. "No éramos insensatos para haber mirado para otro lado de haber visto una ilegalidad. Nunca era una opción no haber hecho nada", aseveró el ex alto cargo, que insistió que esa opción no cabía y menos en una administración como la Junta donde cualquier actuación "deja huella".

Antonio Fernández, que continuó declarando por octava jornada, señaló que las modificaciones presupuestarias que se hicieron a la partida 31L por la que se tramitaban las ayudas sociolaborales y a empresas en crisis, recogían "con absoluta claridad y transparencia" las transferencias de financiación al IFA/IDEA, y además todas esas modificaciones contaban con el "informe favorable" de la Intervención General de la Junta porque, en caso contrario, no se podían aprobar.

Sobre el uso de las transferencias de financiación, que los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) sostienen que sólo se podían usar para equilibrar la cuenta de pérdidas y ganancias, el ex consejero sostuvo que "en modo alguno" el uso para el pago de las ayudas "es prevaricoso" (sic), por cuanto es el uso que le confería la ley de Presupuestos cada año, y negó igualmente que se pretendiera además eludir la fiscalización previa de las ayudas. "En modo alguno ni se quería, debía ni podía hacer para encubrir", dijo el acusado, que tampoco está de acuerdo con que no exista una fiscalización. De la misma forma, aseguró que no recibió "nunca de nadie ninguna advertencia" sobre el uso de las transferencias.

El abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, preguntó a Fernández que si no existía fiscalización previa eso representaba que las ayudas se concedían "libérrimamente", a lo que el ex consejero contestó que "bajo ningún motivo ni ninguna circunstancia", y sólo admitió que como mucho se concedían "discrecionalmente". Fernández insistió en que la intervención delegada en la Consejería de Empleo "siempre" ha fiscalizado los expedientes relacionados con las ayudas, algo que según fuentes del caso no es así porque la intervención delegada sólo fiscalizaba las transferencias de financiación que se hacían al IFA/IDEA para el pago de las ayudas.

El ex consejero agregó que no podía pensar "ni imaginar" ni tampoco fue advertido de que hubiera un tratamiento inadecuado en la gestión de las ayudas y volvió a afirma que el informe de la Intervención del ejercicio 2003 sobre IDEA "no contenía nada sustancial", porque sólo incluía una "discrepancia de adecuación del procedimiento" y ninguno de los que "vieron el informe" alertaron o avisaron de que llevaba a adoptar alguna decisión.

El acusado reiteró que no conoció los informes con los reparos de la Intervención porque como viceconsejero no era destinatario legal de los mismos y en su etapa de consejero se remitían al consejero de Innovación, al que estaba adscrita ya la agencia IDEA. No obstante, afirmó que el viceconsejero Agustín Barberá le comentó el informe de 2003, pero no le dio trascendencia porque no contenía "ningún elemento de preocupación".

De otro lado, Fernández defendió que "nunca" le dio órdenes al entonces director general de Trabajo Javier Guerrero para que "hiciera algo" en relación con la concesión de las ayudas, porque "el cuánto, el cómo y a quién se daban se encargaba la Dirección General de Trabajo y sus técnicos".