El ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez volverá hoy a contestar a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE, tras haberse sometido el pasado miércoles a más de seis horas de interrogatorio, una declaración eminentemente técnica como las que han prestado algunos de los procesados.

En la primera sesión de su declaración, Manuel Gómez se mostró bastante más conservador y prudente que cuando compareció ante la juez Mercedes Alaya y en el Tribunal Supremo, donde sostuvo que los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán conocían las irregularidades.

Se trata del pacto de no agresión que los ex altos cargos que ya han declarado parecen haber suscrito, a tenor de las declaraciones que han prestado. Y es que la defensa común, sin fisuras, pero sobre sin culpas o reproches mutuos, es la mejor opción en un juicio de estas características. El ex interventor general de la Junta Manuel Gómez aseguró en el primer asalto de su declaración, el pasado miércoles, que ratificaba en líneas generales sus anteriores declaraciones, aunque advertía de que en las mismas se habían plasmado de manera "desigual" sus declaraciones.

En una de esas declaraciones, la que realizó en julio de 2013 ante la entonces titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Manuel Gómez llegó a asegurar que "al señor Griñán los informes de auditoría no le importaban nada", rechazando hasta 11 afirmaciones que el ex presidente de la Junta había realizado durante su comparecencia en la comisión parlamentaria que investigó el caso de los ERE.

También dijo en aquella ocasión que "sólo una ínfima parte del programa 31L -el conocido como fondo de reptiles del que ahora reniega Javier Guerrero- estuvo sometida a auditoría o control financiero". Con anterioridad, el ex interventor había remitido al presidente del Parlamento andaluz un escrito titulado "Divinas Palabras", en el que acusaba a Griñán de haber "cebado sin descanso la corrupta partida presupuestaria de los ERE".

El fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra preguntó de pasada al ex alto cargo si mantenía que se había "cebado" dicha partida -en alusión a la 31L-, a lo que Manuel Gómez respondió sin entrar en el fondo de la cuestión.

Su defensa se ha centrado, al menos en esta primera parte del interrogatorio, en defender su actuación y por qué no dio el paso de hacer un informe de actuación sobre el pago de las ayudas sociolaborales y a empresas que materializaba la agencia IDEA por encargo de la Consejería de Empleo, a la que estaba adscrito dicho programa de ayudas. Manuel Gómez insistió en que no sólo él, sino una docena de interventores, no apreciaron delito ni menoscabo de fondos públicos, por lo que considera que no se daban los presupuestos para hacer dicho informe que podría haber hecho que las presuntas irregularidades llegaran hasta el Consejo de Gobierno de la Junta.

En sus anteriores declaraciones, el ex interventor fue mucho más duro con algunos de los ex altos cargos que hoy se sientan junto a él en el banquillo de los acusados, como cuando acudió a declarar al Tribunal Supremo -cuando se instruía la causa contra los todavía aforados-, donde culpó al Gobierno andaluz del presunto fraude por ignorar los informes de la Intervención. En esa declaración, Manuel Gómez dijo que el problema "no es tanto de haber fallado los procedimientos de control sino la desatención" del Ejecutivo andaluz, que tenía que haber actuado "desde el primer momento que lo advirtieron".

El ex interventor dijo entonces que Griñán, como destinatario de los informes, debería haber "preguntado" por los dictámenes que alertaban de las irregularidades, aunque sobre este extremo la semana pasada afirmó que, en su opinión, "no tiene mucho sentido" dirigir esos informes a los titulares de la Consejería.

Manuel Gómez o la Fiscalía tienen toda la sesión de hoy para intentar aclarar sus posiciones sobre algunas de estas cuestiones.