Sólo apreciaron irregularidades administrativas, pero no delitos. Así de contundentes se mostraron algunos de los interventores que han prestado declaración como testigos ante la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, que investiga el fraude de los cursos de formación que afecta a la dirección general de Formación y las direcciones provinciales del Servicio Andaluz de Empleo (SAE).

Según reflejan las actas de estas declaraciones judiciales, a las que tuvo acceso este periódico, el interventor general en la provincia de Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, explicó que tiene "serias dudas de que se haya incumplido la legalidad" porque, aunque según dijo "parece que había un mal uso de la subvención", en principio lo que detectan son "irregularidades administrativas o contables". Este funcionario añadió que "no tiene una opinión" respecto a que un juzgado haya abierto diligencias penales, pero sí insistió en que "todas las irregularidades administrativas se pueden subsanar" y "no vio delito" alguno en los expedientes.

Por su parte, el interventor en Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez, coincidió en que el informe especial que elaboraron de los años 2009 a 2012 se hizo en un "entorno administrativo, con los procedimientos administrativos", dado que no pensaban que "pudiera tener esta derivación".

García Bermúdez añadió que no le consta que el órgano gestor, en alusión al SAE, "le haya querido engañar a sabiendas", aunque reconoció que encontraron irregularidades en el 100% de los expedientes. "No había ningún expediente perfecto", todos tenían "irregularidades administrativas", pero no apreció "malintención, no pensó que pudieran derivarse a unas empresas". El funcionario añadió que entiende que hubo "una dejación, un mal trabajo", y mostró su sorpresa por el hecho de que ese informe esté en la vía penal.

El interventor insistió en que "nadie pensó que la trascendencia de un informe de control financiero llegara hasta donde ha llegado", si bien admitió que es cierto que él alertó en su informe del "menoscabo de fondos públicos", aunque a continuación volvió a señalar que está hablando de "responsabilidades administrativas".

En cuanto a los expedientes de reintegro iniciados por la Junta de Andalucía, el interventor en la provincia de Huelva dijo que hay algunos casos de "empresas fantasma".

De otro lado, el interventor en Granada, Miguel Ángel Gutiérrez, afirmó igualmente que se digitalizó toda la documentación y la empresa encargada la "desordenó", un desorden que llegó a adjetivar como "gordísimo".

La clave en la justificación de los cursos está en el informe de auditoría externa que las empresas presentaban, y esos informes decían que todo era "correcto", aunque el interventor en Granada no sabe si se habían examinado todas las facturas.

Su homólogo de Huelva, Miguel Ángel García Bermúdez sostuvo que en su informe se alude a la necesidad de "exigir a los auditores que sean más estrictos", añadiendo que la Intervención General actuó y se puso en contacto con la Inspección de Trabajo, "pero parece que esta actuación no entra dentro de la actuación de un auditor de cuentas, no hay ninguna vía para exigir responsabilidad", aseveró el interventor, que añadió que no le constan que los expedientes hayan prescrito.

La ley, según el interventor de Granada, "probablemente no obliga a que estén las facturas originales, siempre que esté el informe de auditoría", por lo que si el SAE emite un certificado de finalidad "probablemente lo emita correctamente", dijo Miguel Ángel Gutiérrez, que precisó que para emitir el certificado el órgano gestor tenía que "mirar todo, la cuenta justificativa, las facturas", por lo que se tenía que presentar esa cuenta justificativa con un informe de auditoría y aparte la factura.

Por su parte, la ex interventora en la provincia de Cádiz, Nieves Chao Serrano, que también compareció ante la juez Bolaños a principios de abril, explicó que cuando el delegado del SAE emitía el certificado de justificación de la ayuda que aparece en el artículo 40 del Reglamento de la Intervención General de la Junta de Andalucía (RIJA) desconoce si lo hacía "falsamente porque sólo se atuviera" al informe de auditoría que presentara la empresa. "Si el órganos gestor sólo pidiera el informe de auditoría en principio conforme a la norma, no habría ningún incumplimiento, aunque no puedo llegar a la conclusión de que la certificación sea correcta", puntualizó la funcionaria, que sí consideró que a la vista del informe especial que elaboraron hubiera sido "un poco más estricta que el órgano gestor del SAE".

Para esta funcionaria, la orden adolece de un "problema importante", porque habla del informe del auditor pero "no establece cómo debe ser ese informe ni a que normas se debe acoger".

En cualquier caso, Nieves Chao consideró que no tiene constancia de que esas certificaciones "se libraran para encubrir y hacer opaco a sus ojos el favorecimiento de una serie de empresas, beneficiarios, personas jurídicas".

Ante la juez, también declaró el interventor general en Almería, Juan José Castillo Gualda, coincidió en que "no había sospecha que pudiera inducir a pensar que con el certificado del artículo 40 no era suficiente, pues llevaba informe del auditor" y ese informe "es suficiente" para considerar justificada la subvención y emitir el certificado. "Desde la Intervención es muy difícil conocer de un hecho delictivo, si detectan algo grave lo ponen en conocimiento de la Intervención general, igual que si ven algo sospechoso o tienen dudas", concluyó el funcionario.