El juicio por el denominado caso Hidalgo, contra el blanqueo de capitales y que se destapó hace once años, se suspendió ayer hasta el 17 de abril después de la constitución de la sala a petición de la Fiscalía Anticorrupción para que las partes personadas en el proceso puedan estudiar nuevas pruebas documentales aportadas por varias defensas.

En el banquillo de los acusados se sientan doce acusados por blanqueo de capitales y defraudación a la Hacienda Pública en torno a un despacho de abogados ubicado en Marbella. La Fiscalía Anticorrupción solicitó juicio oral contra catorce personas -aunque dos no se presentaron ante la sala por enfermedad- y provisionalmente se enfrentan a una pena global de más de 170 años de cárcel y unos 1.000 millones de multa.

Los acusados se enfrentan a 170 años de cárcel y 1.000 millones de multa

En su día, los investigadores señalaron el despacho de Cruz-Conde en Marbella como el principal eje de la trama delictiva de esta causa, que se destapó en abril del 2007 con una operación policial en la que se practicaron una treintena de detenciones. El juez instructor ya decretó en su día el sobreseimiento de la causa respecto a cinco personas, entre ellas dos de los principales imputados, el abogado cordobés Rafael Cruz-Conde y un empresario iraquí, ya que ambos fallecieron.

El fiscal mantiene en su escrito, al que tuvo acceso Efe, que desde ese despacho se proporcionaba al cliente que lo demandara "las estructuras societarias precisas para ocultar tanto la titularidad de los bienes y fondos a invertir en España como el origen de los mismos". Entre las fórmulas usadas, se constituía una sociedad limitada española, que aparecía participada por una entidad radicada en un paraíso fiscal como Gibraltar, Panamá e Islas Vírgenes, entre otras. En otras ocasiones, siempre según la versión de la acusación, se creaba una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal, cuya titular era otra entidad de un paraíso fiscal, Antillas Holandesas.