Hay cultivos que por las inversiones que requieren y su productividad tienen ayudas muy por encima de la media, como el olivar (que acapara 800 de los 1.600 millones en ayudas directas), el algodón, la remolacha, el tomate o el arroz, por citar algunos. Todos tienen una importancia estratégica para Andalucía. El objetivo es que no pierdan y que, si pierden, sea lo menos posible. La clave del resultado final no será tanto Europa -que sí fijará el marco- como la negociación interna. Y la Junta ya ha dejado claro que su línea roja es mantener el peso andaluz, de un 30% en el total nacional. El Gobierno sólo dice que los criterios de aplicación deben ser flexibles -se deben adaptar a la diversidad de cultivos, filosofía alejada de la tarifa plana- e idénticos, es decir, a igual cultivo y tipo de explotación, igual ayuda en cualquier punto de España. En principio, esta tesis debe jugar a favor de los intereses andaluces, pero son 17 regiones las que negocian y se parte de cero, no hay derechos históricos adquiridos. Nadie duda de que será difícil.