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Del "mercadeo" a la "corrupción" hay nueve años de cárcel

Una de las vistas del juicio del caso Alhambra. Una de las vistas del juicio del caso Alhambra.

Una de las vistas del juicio del caso Alhambra. / d. s.

Cinco posibles delitos, penas de cárcel desde cuatro a nueve años y una reparación económica de 6,6 millones de euros. Esto es lo que está en juego para el medio centenar de empresarios, agentes turísticos y empleados de la Alhambra, que hoy conocerán la sentencia del caso que ha cuestionado la legalidad del sistema que funcionó durante años para el acceso al monumento granadino.

En el centro de esta supuesta red fraudulenta de entradas que sostiene la Fiscalía hay una familia, en la que una parte figura como principal núcleo de los acusados y la otra ha aceptado un pacto con la Fiscalía que les permite quedar al margen o asegurarse una condena menor (nueve meses de prisión). Una de las firmantes del acuerdo, la cuñada del principal encausado y administradora de una de las empresas turísticas implicadas, fue la que introdujo en el juicio, celebrado en 2016, la palabra más repetida y definitoria de la acusación: "el cortijo", en alusión a la Alhambra y a la forma en que el hermano de su esposo manejaba los accesos, según su relato.

El sistema "corrupto" e "impune" durante años, que describió y trató de demostrar la Fiscalía hasta el final del juicio consistía en la ejecución de un plan, puesto en marcha entre 2002 y 2005 por los principales acusados (la mayoría, miembros de la misma familia) "en cuya virtud el dinero entregado por sus clientes para obtener una entrada con la que acceder a la Alhambra no era ingresado en las arcas del Patronato de la Alhambra y el Generalife a través de los sistemas reglamentariamente establecidos, sino incorporado ilícitamente a su patrimonio".

Según ese relato del Ministerio Público, estos agentes y guías turísticos conseguían llevar a cabo esas irregularidades en los accesos mediante tres fórmulas: sin entrada, con tiques "cuyo uso no se correspondía con los datos que figuraban en ella" (para otra hora, para menos visitantes, utilizados previamente...) o con billetes de acceso impresos de forma ilícita.

Y para llevar a cabo ese supuesto plan era necesaria también la participación de personas que trabajaban en la Alhambra, ya fuera para permitir el acceso, para borrar las huellas informáticas o para conseguir el material de falsificación. A cambio habrían recibido pagos y prebendas, como viajes, tratamientos médicos, noches de hotel o comidas.

Todo esto conlleva para los acusados una acusación por los supuestos delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil y cohecho; ya sea como autores o como cooperadores necesarios, por lo que la suma de las peticiones de cárcel oscila entre los 4 y los 9 años, en función del grupo en el que se incluya a cada uno de los acusados.Y hay un último delito, el de daños al patrimonio histórico artístico, que supondría el pago de una multa y la asunción de la responsabilidad económica que las acusaciones atribuyen a los enjuiciados.

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