Las tres primeras sesiones del juicio, celebradas entre los días 13 y 15 de diciembre pasados, no dieron para mucho, más allá de la lectura de los escritos de calificación de las acusaciones y de las defensas, que no renunciaron a dicha lectura como suele ser habitual. Lo único que rompió la monotonía y el tedio de esas declaraciones fueron precisamente las declaraciones realizadas por la juez Mercedes Alaya con su opinión sobre la futura sentencia de este caso.

La juez que instruyó la macrocausa durante más de cuatro años, hasta que fue destinada a la Audiencia Provincial de Sevilla, aprovechó una conferencia en la Ciudad de la Justicia de Valencia, para manifestar que tenía "una incertidumbre fea" con la sentencia que pudiera dictarse no por la Audiencia de Sevilla, sino por el tribunal superior al que le correspondiera resolver los recursos. Alaya se refirió por error al TSJA, aunque el caso de los ERE será revisada por el Tribunal Supremo.

Alaya también dijo en esa conferencia que no criticó a su sucesora en el cargo, la magistrada María Núñez Bolaños, sino que se limitó a poner de manifiesto sus "dudas personales "en una carta secreta" dirigida al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Supremo, Carlos Lesmes.

Las declaraciones de Alaya han indignado a muchos jueces, incluidos muchos de sus antiguos colegas de los juzgados de Instrucción de Sevilla. Ante la polémica suscitada, Alaya ha dicho nunca dijo que tuviera "una incertidumbre fea" con la sentencia del juicio de los ERE sino que se estaba refiriendo en general a la falta de apariencia de independencia sobre el nombramiento de jueces, en sus aclaraciones vuelve a mantener su línea argumental. Alaya ha lamentado la "injerencia intolerable del poder político en el poder judicial, a través del CGPJ" que, según la juez, está "absolutamente politizado" y al que corresponde el nombramiento de los "principales miembros de los tribunales y cargos del Poder Judicial".