Las negociaciones iniciadas por la Fiscalía a instancias de los abogados de los ex ediles del GIL imputados en delitos contra la ordenación del territorio se dirigen hacia un acuerdo marco que daría cobijo a los miembros de las corporaciones municipales desde 1995 hasta la disolución del Ayuntamiento de Marbella, ocurrida tras el estallido del caso Malaya. Es decir, ese posible pacto, sobre el que ayer se avanzó un poco más, también abarcaría la etapa del tripartito en la que Marisol Yagüe gobernó junto a Isabel García Marcos, Carlos Fernández y el resto de concejales que firmaron la moción de censura contra Julián Muñoz.

El equipo de gobierno de Marbella inmediatamente anterior a la operación contra la corrupción también tiene causas por delito urbanístico en los juzgados de este municipio, aunque aún se encuentran en fase de instrucción. Quienes de momento se han sentado en el banquillo de los acusados, con varios juicios celebrados, han sido los ediles de la Corporación 1995-1999; también se han fijado los primeros señalamientos de la comisión de gobierno siguiente. En total, unos catorce ex ediles se podrían acoger al posible trato que pretende sellar el Ministerio Público a instancias de los abogados defensores para agilizar los procedimientos.

El dato trascendió tras la reunión celebrada ayer entre una docena de abogados defensores y el coordinador de Medio Ambiente de la Fiscalía malagueña, Juan Calvo. El letrado Pablo Luna, a la salida del encuentro, fue parco en detalles y optó por la prudencia porque el acuerdo no está cerrado y los contactos continúan. Apuntó, sin embargo, que la negociación va "muy bien". Explicó que el objetivo es alcanzar "un acuerdo marco de conformidad" donde se pueda "personalizar" según el caso. Es decir, no todos los ex concejales están imputados en el mismo número de causas, por lo que la pena no sería la misma para todos.

Luna, el único que hizo declaraciones, hizo referencia también a las declaraciones políticas acerca de esta iniciativa. El presidente de la Junta, Manuel Chaves, aludió el pasado miércoles a que el trato podría crear "cierta alarma social", consideración que Luna estimó fuera de lugar.

Fuentes del Ministerio Público dijeron también que, llegado el momento, los afectados podrían optar por adherirse o no a ese posible trato.

La intención de este acuerdo es agilizar los procedimientos penales por la concesión de licencias ilegales en Marbella porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que se trata de delitos conexos. Ese tope es el triple de la pena máxima que establece el Código Penal para el delito en cuestión, en este caso, el urbanístico, por lo que el máximo tiempo de cumplimiento sería de seis años de prisión.

El artículo 320 prevé una pena de cárcel de entre seis meses y dos años por atentar contra el territorio. Si se calcula el triple, la condena que se impondría a los acusados de Marbella oscilaría, por tanto, entre el año y medio y los seis años de prisión, que es lo que deben concretar las partes implicadas en la negociación. La intención es distinguir según el caso.

Los ex ediles reconocerían los hechos delictivos y la Fiscalía ha advertido de que será una condena de prisión, no de multa, que es la otra posibilidad que ofrece el tipo de delito. El máximo de cumplimiento son seis años, aunque algunas fuentes apuntan a que el pacto se podría cerrar en tres años.

Pablo Luna declaró que cada parte "tiene una postura" que es la que defiende, pero destacó la "profesionalidad" de la Fiscalía. También resaltó la "lealtad y claridad" con la que está actuando el Ministerio Público.