El penúltimo peldaño de Chaves

  • La financiación autonómica, la deuda histórica y los traspasos de nuevas competencias a la Junta figuran en la agenda del presidente · El desarrollo del Estatuto, con una treintena de leyes, pendiente del consenso con PP e IU

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El Parlamento de Andalucía celebra hoy la sesión constitutiva de la VIII Legislatura autonómica, en la que un Gobierno presidido por Manuel Chaves volverá nuevamente a estar al frente de la Junta de Andalucía. Los votos le volvieron a dar el 9-M, con mayoría absoluta otra vez, legitimidad para desarrollar durante los próximos cuatro años los compromisos de gobierno que se recogían en el programa electoral del PSOE-A. En la pasada legislatura, Chaves sacó adelante la reforma del Estatuto, pero los desafíos que se le presentan para los próximos cuatro años marcarán tanto o más que dicho texto el futuro de Andalucía.

El desarrollo normativo del Estatuto, el nuevo sistema de financiación autonómica, la cuantificación de la deuda histórica, el mantenimiento del nivel de inversiones del Estado en la comunidad, el traspaso de nuevas competencias -incluida la del Guadalquivir- y la aprobación de una treintena de leyes figuran entre los retos ineludibles del presidente de la Junta en el que puede ser el penúltimo peldaño de su carrera política tras 18 años ininterrumpidos en el poder. De momento, ha acallado el debate tras ofrecerse como candidato del PSOE para el año 2012, pero su continuidad como máximo dirigente de los socialistas andaluces no es una cuestión resuelta.

el estatuto

El asunto más complejo al que deberá enfrentarse Chaves será la financiación de las comunidades autónomas, aunque los resultados de las elecciones le han dado a él y al PSOE un plus de ventaja. La victoria de Rodríguez Zapatero y la continuidad como vicepresidente Económico de Pedro Solbes -unido por una estrecha amistad a José Antonio Griñán, quien previsiblemente continuará como consejero de Economía y Hacienda- harán que el Gobierno andaluz cuente con aliados en Madrid frente a las presiones de los nacionalistas catalanes, encabezados por el Ejecutivo tripartito de la Generalitat, para quedarse con una porción mayor del pastel.

Griñán, que ya presentó una propuesta pionera de financiación autonómica hace dos años, quiere hacer pivotar el nuevo modelo sobre la variable poblacional por ser el más equitativo y por responder a las necesidades de prestación de servicios que demanda la ciudadanía, mientras que su colega catalán, Antoni Castells, desea que Cataluña "recupere" parte de las aportaciones que realiza a las arcas estatales a través del pago de impuestos. Con ese fin, la Generalitat reclama la publicación de las llamadas balanzas fiscales, mediante las que se pondrá negro sobre blanco cuántos impuestos se pagan anualmente en cada comunidad autónoma al Estado y cuánto dinero destina éste a cada una de ellas para el mantenimiento de sus servicios.

El PSOE ha defendido hasta la saciedad que son los ciudadanos, y no los territorios, quienes pagan los impuestos, pero los nacionalistas saben que el Gobierno de Zapatero necesitará de su apoyo en el Congreso. Solbes, según han desvelado días atrás algunos medios de comunicación catalanes, podría haber aceptado que las comunidades se queden con el exceso de recaudación una vez hecha una aportación al fondo de suficiencia del que se nutren las comunidades cuyos ingresos propios se sitúan por debajo de sus necesidades.

El acuerdo sobre financiación autonómica -a tenor del plazo de dos años marcado en la Disposición Final Primera del Estatuto catalán para el establecimiento de un nuevo sistema- debería quedar cerrado antes del 20 de agosto, pero parece difícil que aquel sea posible sin el concurso de las comunidades autónomas gobernadas por el PP.

deuda histórica

Un mes más tarde debe ocurrir lo mismo con la Disposición Adicional Segunda del Estatuto andaluz, pasados 18 meses desde la entrada en vigor del texto, aunque su cuantificación está desvinculada por completo del modelo de financiación. Dicha disposición alude a la llamada deuda histórica que mantiene el Estado con la Junta de Andalucía por el déficit que presentaban los servicios transferidos a la comunidad -especialmente, en materia sanitaria y educativa- en los años 80, al comienzo de la andadura autonómica.

El PSOE andaluz desea llevar este asunto con sigilio y hacer el menor ruido posible a sabiendas de que despierta muchas susceptibilidades fuera de la comunidad, como se comprobó durante la pasada campaña electoral. La cifra que baraja el PSOE gira en torno a 1.500 millones de euros, aunque no ha concretado si es ésta la cantidad que ha trasladado al Ministerio de Economía.

entendimiento

El consenso con PP e IU pasa de ser una obligación, como ocurrió con la aprobación del Estatuto durante la pasada legislatura, a una posibilidad que servirá para medir la capacidad de los socialistas para encontrar otros puntos de apoyo y de disipar la imagen de rodillo. El entendimiento también deberá hacerse extensible hacia los empresarios y los sindicatos. "Gobernaremos para todos [...] desde la cercanía, la transparencia, el diálogo y la concertación", afirmó Chaves el pasado 24 de marzo ante el comité director de su partido. Ahora le toca demostrarlo.

La primera oportunidad la tendrá con la elección del director general de RTVA en el Parlamento -Canal Sur, otra vez- pero también con la aprobación de una treintena de leyes incluidas en el programa electoral del PSOE, muchas de las cuales están relacionadas con el desarrollo del Estatuto. En este apartado destacarán la Ley de Régimen Local (que regulará el proceso de descentralización de competencias hacia los ayuntamientos y la coordinación de las diputaciones provinciales), la de grandes ciudades, la ley para la inclusión social (a través de la cual se articulará la renta básica para los sectores sociales más desfavorecidos), la de vivienda, la del trabajo autónomo, la del empleado público, la de universidades o el peliagudo desarrollo del derecho a la plena dignidad en el proceso de la muerte, que a punto estuvo de frustrar el apoyo del PP a la carta magna andaluza.

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