El año pasado más de 55.000 andaluces recibieron el Ingreso Mínimo de Solidaridad o salario social, una ayuda de entre 400 y 645 euros mensuales durante un semestre que se concede a familias sin otro tipo de ingresos. Por primera vez desde el nacimiento de este programa en 1991, la Junta ofertará contratos laborales a los beneficiarios de este subsidio. El objetivo de la Junta es "reorientar progresivamente" estas ayudas para procurar la reinserción de las familias a través de un empleo remunerado.

El primer paso para este cambio se visualizará en el decreto ley de medidas urgentes para la inclusión social que la Junta aprobará en un próximo Consejo de Gobierno, este martes o la siguiente semana. Según las previsiones, este decreto ley recogerá una línea extraordinaria con una dotación de dos millones de euros para este programa de inserción sociolaboral, a la espera de que algún día se apruebe la prometida renta básica, actualmente encallada en un grupo de trabajo en el Parlamento andaluz. Esta renta estaría vinculada a un compromiso de inserción.

El programa se articulará a través de una línea de subvenciones a empresas de economía social y empresas de inserción. La Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales aprobará una orden reguladora de subvenciones para financiar los costes laborales de los contratos y, además, se compromete a aportar una cantidad de 2.500 euros a la entidad contratante por cada uno de los contratos que realice a los beneficiarios del salario social.

Las empresas tendrán un listado de los perceptores de salario social de cada provincia y se comprometen a guardar la confidencialidad sobre el listado. Tendrán que ofrecer contratos de un mínimo de seis meses a jornada completa.

Los perceptores del salario social podrán acceder a los contratos que ofrezcan estas empresas. Deben estar en edad laboral y tener capacidad para desarrollar una actividad. Son beneficiarios del salario social aquellas familias de dos personas o más que vivan en un mismo domicilio o personas individuales de más de 25 años si viven solas. En Andalucía los extranjeros no pueden obtener el salario social.

Todos los beneficiarios del salario social prestarán su consentimiento para que las empresas puedan ponerse en contacto con ellos. De conseguir un contrato, se le extinguirá automáticamente el ingreso de la ayuda social desde el mismo día de alta.

Este programa es una novedad en la reedición del paquete de medidas de la Junta contra la exclusión social, que la Junta estrenó el pasado año. El decreto ley convocará de nuevo el programa de obras municipales para parados en riesgo de exclusión social, previamente acreditados por los servicios sociales comunitarios.

Al igual que el pasado año, este plan contará con 40 millones de euros que se transfieren a los ayuntamientos. El plan extraordinario de ayuda a la contratación ofrecerá contratos de entre 15 días y tres meses. Entre los requisitos, este año se introduce una referencia económica para que el acceso a las ayudas sea "más justo, más amplio y con mayor sensibilidad".

Así para optar a uno de estos contratos que ofrecen los ayuntamientos que se acojan al plan (el 99,6% en la anterior edición) hay que estar inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo, no haber trabajado más de 90 días el año anterior, que todos los miembros de la familia hayan estado empadronados un año antes en Andalucía y que los ingresos netos de la familia no superen los 532,5 euros (Iprem) en el caso de una persona individual y de 905 euros (1,7 el Iprem) para familias de cuatro miembros o más.

Los ayuntamientos tendrán 15 días para acogerse el plan y todos los contratos estarán finalizados en marzo de 2015. Como novedad, los contratados a cargo de este programa deberán llevar, en lugar visible de su vestuario laboral, la identidad corporativa de la Junta de Andalucía como entidad financiadora.