Los peritos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) que han elaborado el informe pericial de los ERE fraudulentos aseguraron ayer que el presupuesto del IFA/IDEA era tan "falso, falaz y engañoso" que se presupuestó "166 veces más de los gastos necesarios" de este organismo con la finalidad que cuadrara con las cantidades destinadas en el programa 31L, conocido como fondo de reptiles.

Fuentes del caso explicaron ayer que los peritos, que llevan ya cinco sesiones de declaración y que desde el principio han generado en su exposición un debate muy técnico sobre las transferencias de financiación con la que se abonaban las ayudas de los ERE, comparan la situación generada en el IFA a la de un "suplido", a la provisión de fondos que por ejemplo se realiza ante un notario por parte de un comprador de un piso. Esa provisión va destinada a pagar los honorarios y una serie de tasas y servicios, pero no son gastos del notario sino del comprador de la vivienda, por lo que trasladando este ejemplo a las transferencias de financiación al IFA, el gasto no es atribuible a este organismo que actuaba como caja pagadora sino a la Consejería de Empleo de la Junta.

En relación con el presupuesto del IFA, los peritos implican en el fraude a la Dirección general de Presupuestos, al afirmar que la misma podría haber impedido la aprobación en el Parlamento andaluz de la enmienda en la que se hacía la transferencia a este organismo "si previamente y en la fase de anteproyecto de presupuesto no hubiera elaborado de forma fraudulenta el presupuesto del IFA, que tuvo como consecuencia la dotación de una transferencia de financiación en la Consejería de Empleo al IFA, con destino a cubrir sus pérdidas".

Esa "incorrecta presupuestación", continúan los expertos, "sin duda indujo a error al Parlamento", porque el propio Parlamento a lo largo de "21 leyes desde el año 1991 hasta 2014, se hartó de decir que las transferencias de financiación sólo sirven para cubrir pérdidas de una entidad y no para atender acuerdos sociales generados por planes de viabilidad ni para ninguna otra cosa, igual o distinta". De esta forma, concluyen que el Parlamento fue "inducido a error por una fraudulenta elaboración del anteproyecto y proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

A lo largo de estas sesiones de ratificación del informe pericial se han producido diversos rifirrafes, como el que ha protagonizado el abogado José María Mohedano, que representa al ex presidente de la Junta José Antonio Griñán, con la juez Alaya, de la que el letrado llegó a poner de manifiesto la coincidencia de que los autos de la magistrada recogieran "literalmente" fragmentos del informe pericial antes de que éste fuese entregado.

Alaya respondió al letrado que estaba "faltando a la verdad" y Mohedano hizo constar en el acta que la instructora estaba diciendo que había "mentido", por lo que esta defensa se sentía "acosada por la desconsideración y el insulto" de la magistrada.

Alaya zanjó la cuestión precisando que lo único que había puesto de manifiesto es la "rigurosa falta de verdad" en la comparación de textos realizada por el letrado, hasta el punto de advertir al abogado que sus manifestaciones "rozan un comportamiento desleal y contrario a la buena fe procesal descrito en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" por las "insinuaciones tendenciosas" que a su juicio estaba realizado sobre el magistrado.

Por su parte, los peritos valoraron la "evidente y conocida capacidad de trabajo e intelectual" de la juez y señalaron que, en las ocho reuniones que mantuvieron en su despacho durante el proceso de elaboración del informe, "se hablaba de todos los temas" y "su señoría tomaba cuantas notas consideró oportunas".

De otro lado, los peritos también han insistido en las distintas sesiones de su comparecencia en el reproche a los ex consejeros de Economía José Antonio Griñán, Magdalena Álvarez y Carmen Martínez Aguayo respecto a que no adoptaron las medidas necesarias para evitar las irregularidades.