El PSOE y Ciudadanos decidieron, y lo reflejaron por escrito en el acuerdo que ambas formaciones suscribieron a finales de febrero para abrir una puerta a la formación del Gobierno tras las elecciones del 20-D, que era buena idea dejar de prestar servicios y canalizar inversiones a través de las diputaciones. Este recorte, estimaban, supondría 5.000 millones menos de gasto para el Estado, lo que permitiría cumplir con el objetivo de déficit impuesto por la Unión Europea (UE), que como en la paradoja de Aquiles y la tortuga, cada vez que parece que va a ser alcanzado tras un gran esfuerzo éste ya se ha desplazado de su posición inicial y vuelve a estar distante.

Tras el anuncio, numerosos responsables de las corporaciones provinciales alertaron de lo perjudicial que sería esta medida de ahorro para todas las poblaciones de menos de 20.000 habitantes -unas 7.000 en todo el territorio nacional-, que son las que preferentemente reciben los servicios que se pondrían en peligro: desde la recogida de basuras idónea al mantenimiento de la red de distribución de agua potable.

Las alarmas saltaron con especial virulencia en Andalucía, una comunidad configurada con una gran dispersión entre municipios al ser el territorio más grande de España y donde el ámbito rural sigue siendo una realidad de gran vitalidad y ser una de sus marcas identificativas. Consciente de la importancia del debate abierto por el acuerdo rubricado por Pedro Sánchez y Albert Rivera, el Grupo Joly reunió en Antequera (Málaga) a los máximos representantes de cada una de las diputaciones provinciales con el fin de conseguir una puesta en común sobre la auténtica realidad de estas instituciones y de lo que debería depararles el futuro para el bien de Andalucía.

Todos los ponentes, indistintamente de su formación política, coincidieron en el gran error que se cometería eliminando las diputaciones. En la autocrítica, señalaron la incapacidad de hacer visibles los numerosos servicios que cada uno de los entes provinciales facilita a miles de andaluces cada día. Este obstáculo se ha sumado, a su entender, a la debilidad de las diputaciones como institución, al estar en un "oscuro" lugar intermedio, entre las comunidades autónomas y los ayuntamientos, a los que nadie se atreve a poner en duda, como advirtió el presidente de Huelva, Ignacio Caraballo Romero. Esta debilidad sería la que han aprovechado los partidos nuevos, los que según los presidentes de las diputaciones "abusan del populismo y del discurso fácil de decir lo que la gente quiere escuchar sin entrar en profundidad en los temas para atacar a las diputaciones".

Para el vicepresidente de Almería, Javier Aureliano García, lo más grave es que a los que defienden la opción de hacer desaparecer las diputaciones no les salen los números, su mayor argumento. "Hablan de las diputaciones como generadoras de deuda, pero no saben que de los 6.000 millones de presupuesto que manejan, casi la totalidad van destinados a gastos que atienden directamente a los ciudadanos, a inversiones y a transferencias a los ayuntamientos. Sólo 80 millones son para sueldos de relacionados con la gestión política", explicó. En esta línea también se expresó el presidente de Jaén, Francisco Reyes Martínez. "En mi diputación el presupuesto para personal eventual es del 0,7%", dijo en respuesta a la corriente crítica que acusa a las diputaciones de ser lugares de colocación de los partidos políticos.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, dio la vuelta al argumento y advirtió a los que propugnan la eliminación de las diputaciones que "para ahorrar 5.000 millones tienen que dejar de dar los servicios, dejar de hacer inversiones y despedir a toda la plantilla, incluidos todos los funcionarios".

Los ocho participantes en el debate enumeraron ejemplos concretos en los que se refleja con claridad la importancia de los servicios a los ciudadanos que gestionan. "El 70% de los encuestados aseguran que prefieren vivir en un pueblo antes que en la ciudad. Eso no ocurría hace 50 años porque teníamos los pueblos que teníamos, como yo sé bien por experiencia propia. Las diputaciones son responsables de ese cambio, lo que pasa es que somos las grandes desconocidas", defendió el presidente de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos.

De forma similar, el presidente onubense aseguró: "Yo soy de Chucena y sé que mi pueblo no hubiera subsistido sin las diputaciones". Y añadió: "Si eres de un pueblo como Chucena lo normal es que quieras tener los mismos servicios que la capital". Pero además la actividad de las diputaciones también afecta directamente a la economía de las provincias. "Sin el servicio de control de mosquitos que tenemos implantado perderíamos 28.000 plazas hoteleras en Huelva", indicó Caraballo.

A los beneficiosos efectos económicos que pueden generar las instituciones provinciales, también aludió la presidenta de Cádiz, Irene García. "Ubrique y Villaluenga son referentes internacionales en su actividad económica: el cuero y los quesos. Pero estos dos municipios de la sierra no podrían haber prosperado sin el apoyo de la Diputación para que puedan acceder a los servicios básicos y sociales necesarios". Una labor vital que, según recordó García, se consigue con el presupuesto equivalente al de sólo dos ciudades gaditanas como Cádiz y San Fernando.

El principal problema, apuntó el presidente de Jaén, Francisco Reyes, es que sólo se conocen las diputaciones por los "millones de recibos de tributación que mandamos cada año", pero no por lo que hacen con el dinero recaudado. La mayor parte de las veces porque son los alcaldes de los distintos municipios beneficiados quienes se ponen las medallas de la buena gestión. "Como suelen ser compañeros de partidos, pues les dejamos, como a nosotros no se nos vota directamente, pues no pasa nada", coincidieron los ponentes.

Todos los presidentes se mostraron orgullosos porque a través de las instituciones que dirigen disponen de la misma agua e idéntica recogida de basuras, por poner dos ejemplos, localidades de 100.000 habitantes o de 84 vecinos, como es el caso del pueblo almeriense de Benitagla, cuya población crece cada año. "Hacemos que la provincia sea mucho más igualitaria. Benitagla no podría ni comprar un solo camión de basura, pero sin embargo disfruta del mismo sistema moderno de recogida que la capital", afirmó Aureliano García.

Esta labor e inversiones son posibles gracias a una pequeña parte de los 5.000 millones que están en el disparadero de un futuro recorte. Algo que de ocurrir, pondría a muchos pueblos al borde de su final, como alertó el presidente de Granada, José Entrena. "No puede suceder en Andalucía como se ve en Castilla y León, donde puede verse en las entradas de muchos pueblos el cartel de Se Vende. Y no se vende una casa, se vende el pueblo entero porque allí ya no vive nadie", relató.

Una situación, que según los participantes, no sería descartable si se siguen las tesis de los nuevos partidos, a los que acusaron de que "quieren eliminar las diputaciones porque no tienen ni idea de lo que hacen". El presidente de Sevilla fue el más tajante al asegurar que detrás de esta propuesta se esconde el puro cálculo electoralista: "Que no haya duda de que en Ciudadanos y Podemos se han dado cuenta de que con la poca presencia que tienen en los pueblos no van a llegar a alcanzar el poder en una diputación en 40 años y por eso quieren eliminarlas".

El presidente de Málaga, Elías Bendodo, propuso como mejora una reforma del sistema electoral para que "los gobiernos de las diputaciones sean elegidas en unas elecciones directas, porque la elección indirecta actual es muy oscura". Una idea que fue bien acogida. Aunque la propuesta que obtuvo mayor unanimidad es la de modificar la estructura del Estado, para que se dé mayor preponderancia a la administración local, y, sobre todo, que se definan con claridad las competencias y financiación de las diputaciones.