Acorralado. Ha sido la peor hora que el ex consejero de Empleo Antonio Fernández ha pasado en los ocho días que se prolonga su interrogatorio en el juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE. El magistrado que preside el tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha puesto al ex alto cargo contra las cuerdas después de que éste denunciara la semana pasada que se sintió "totalmente acosado" por la juez Mercedes Alaya durante el interrogatorio al que la magistrada lo sometió en el año 2012, durante la fase de instrucción de la macrocausa. Y lo ha hecho con una treintena de preguntas en las que instaba a Fernández a que expusiera a la Sala qué aspectos de aquella declaración en el juzgado de Instrucción ratificaba y cuáles no.El rifirrafe se produjo al término del interrogatorio que le había hecho a lo largo de esta mañana su abogado defensor, Alfonso Martínez del Hoyo, momento en que el magistrado intervino para solicitar al acusado cuáles eran las manifestaciones con las que no estaba de acuerdo y que habían sido recogidas en el acta de la declaración ante la juez Alaya. Fernández ha respondido que se encontraba "incapacitado" para distinguir entre lo que dijo y lo que quiso decir entonces, porque las preguntas de la magistrada estaban llenas de subordinadas e incluían "hipótesis", y al final se transformaba el sentido de la respuesta donde él quería decir sí o no, reiterando que firmó las actas por la "intranquilidad" y el "miedo" que tenía a que la instructora acabara enviándole a prisión provisional, como así ocurrió finalmente. Como quiera que el ex consejero ha insistido en que la mayoría de las respuestas recogidas en el acta se "alejaban de lo que quería decir", el presidente del tribunal, Juan Antonio Calle Peña, ha optado por comenzar a leerle una a una las preguntas de aquella declaración en el juzgado que ha estimado oportunas, preguntándole en cada caso si ratificaba o no aquellas respuestas.El abogado Alfonso Martínez del Hoyo ha tratado de detener en varias ocasiones sin éxito el interrogatorio del presidente, aludiendo al "cansancio" de Fernández y a sus problemas de disfonía –que ha hecho que otras veces la sesión acabe anticipadamente-, alegando que no estaba entendiendo bien lo que se le estaba pidiendo por parte del tribunal tras varias horas de comparecencia, pero el magistrado ha zanjado la cuestión afirmando que no cree que sea un problema de cansancio, sino de que "no quiere contestar". Tras varias preguntas más del presidente, el abogado ha vuelto a interrumpir para solicitar a la Sala que le permitiera una "brevísima comunicación privada con su cliente", que ha sido rechazada por el magistrado, y ante una tercera intervención, el magistrado le ha ordenado que "no le interrumpa más" porque el que tiene la palabra era el presidente.En este interrogatorio al que ha sido sometido por el tribunal, Fernández ha dicho que no ratificaba que se hubiera referido en su declaración a "subvenciones excepcionales", cuando a su juicio quiso decir "ayudas excepcionales", y también ha rechazado que afirmara que los consejeros eran quienes concedían las ayudas del programa 31L.Tampoco ha ratificado que fuese el ex consejero de Empleo José Antonio Viera quien tuvo la iniciativa del convenio marco de 2001, afirmando en cambio que "no fue una decisión de nadie", si bien ha acabado señalando que "imagina" que sería el anterior titular de la Consejería de Trabajo, Guillermo Gutiérrez, del que partiría la iniciativa del convenio marco, dado que con anterioridad al convenio de 2001 se habían firmado otros convenios similares en los años 1999 y 2000.No ha ratificado tampoco que fuese Viera quien diera conocimiento al Consejo de Gobierno de ese instrumento -en alusión al denominado "procedimiento específico"- por el que se concedían las ayudas, ya que según ha afirmado el dijo que "probablemente" sería Viera pero no lo afirmó con rotundidad. En esta línea, Fernández no ha querido ratificar que el entonces presidente de la Junta y también acusado Manuel Chaves tuvo conocimiento de ese nuevo "sistema operativo" para conceder las ayudas de forma más ágil, y en este sentido ha comentado que no lo ratifica porque en el acta elaborada por Alaya se "escribió de una manera más categórica de lo que quiso decir", porque no cree que fuese lo que dijo entonces. Ha añadido que él no se lo contó al presidente de la Junta y que no sabe qué pudo decirle Viera a Chaves.Otro momento destacado del intenso debate cara a cara entre el presidente y el acusado, que se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel y 30 años de inhabilitación por delitos continuados de prevaricación y malversación de caudales públicos, ha tenido lugar cuando el magistrado le ha recordado que en la fase de instrucción reconoció que había un "vacío normativo" a la hora de conceder la ayudas, un aspecto en el que Fernández ha precisado que se refería a ese vacío normativo tanto en las ayudas que daba el Estado conforme a la orden del Ministerio de Trabajo de 1995 como las que daba la Junta pero sólo en lo que se refiere a cuestiones como los requisitos de "edad, cotización y capacidad" de los trabajadores que se acogían a estas ayudas. El ex consejero ha defendido que "siempre" ha mantenido la vigencia de la orden del 95 como norma supletoria para las ayudas concedidas en Andalucía, y ha añadido que "no hay incompatibilidad entre la orden de 1995 y el convenio marco" de Andalucía.El juez le espetó que ante Alaya dijo que desconocía las órdenes de 1994 y 1995 y Fernández ha respondido que cuando se las exhibió sí admitió que las conocía, y también le ha expuesto otra contradicción con respecto a que ahora haya mantenido que los sindicatos y también los empresarios podían conocer las ayudas a pesar de que no se les daba publicidad.El ex alto cargo ha continuado respondiendo en algunos casos negándose a ratificar las declaraciones y en otras tantas confirmando que lo que recoge el acta del juzgado es correcto. Se han sucedido expresiones del tenor "no lo ratifico porque creo que no lo dije literalmente", o "cometí errores en los nombres", etc.Al final, sobre las 14:45 horas y cuando el presidente seguía preguntando a Fernández, el ex consejero le ha comunicado al magistrado que no estaba en condiciones de continuar respondiendo a las preguntas, por lo que el juicio se reanudará mañana de nuevo con las cuestiones relacionadas con la ratificación de su declaración ante Alaya y luego le tocará el turno de declarar al ex presidente José Antonio Griñán.