Raúl Ríos Forte, detenido el pasado 28 de diciembre como cómplice del secuestro y asesinato de la pequeña Miriam cuyo cuerpo fue encontrado en una balsa de riego en Abrucena (Almería) aquel día, iba a ser puesto en libertad ayer mismo, pero una condena de 25 meses por violencia de género se cruzó en el camino que separa su celda, en la prisión granadina de Albolote, de la calle. La suspensión de esa condena, conocida el pasado 9 de enero, desencadenó un terremoto judicial por los retrasos en el cumplimiento de la misma.

Después de las declaraciones llevadas a cabo el martes en la Ciudad de la Justicia, las cosas pintaban de otra manera para el acusado de encubrir a Jonathan Moya. A primera hora de la tarde de ayer, Jesús Miguel Hernández Columna, magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería que lleva el caso desde su inicio, decretó su puesta en libertad, con las obligaciones de comparecer los días 1 y 15, entrega de pasaporte y prohibición de acercarse a Gema, madre de la pequeña asesinada, a menos de 500 metros. Esta situación llegaba una vez que en su segunda declaración ante el juez de Moya, le exculpara de los hechos, así como del informe del Instituto de Toxicología de Sevilla que descartaba la presencia de su ADN en la ropa y cuerpo de la niña.

No obstante, desde Instituciones Penitenciarias se echó tierra a todas sus esperanzas. Dado que Raúl tiene una condena pendiente por cumplir de 25 meses (un mes más de los dos años que le habrían permitido librarse de la cárcel) dicha petición de libertad deberá aplazarse al menos hasta que haya cumplido la parte proporcional de la misma antes de poder acceder a los beneficios penitenciarios.

El retraso en la ejecución de dicha condena (1 año y 9 meses por violencia física y 6 meses por lesiones a una novia que por entonces tenía 15 años de edad) motivó su participación en unos trágicos hechos.