La juez de Instrucción número 10 de Sevilla, Pilar Ordóñez, ha confirmado el procesamiento de cinco ex altos cargos de la Junta, entre ellos los ex directores de Trabajo y Seguridad Social imputados en el caso de los ERE –Javier Guerrero Benítez, Juan Márquez Contreras y Daniel Alberto Rivera-, en relación con los pagos realizados por la Consejería de Empleo durante siete años, entre 2003 y 2010, por la contratación por la empresa Umax Informática y Consultoría de al menos 44 trabajadores del “círculo de amigos y familiares” de Javier Guerrero a través de un contrato con esta entidad en el que se prescindió “total y absolutamente del procedimiento de contratación”.

En un auto, la instructora ha desestimado los recursos de reforma presentados por el ex director Juan Márquez Contreras y el administrador único de Umax, Ulpiano Cuadrado, quienes habían solicitado el archivo de las actuaciones, y ha confirmado íntegramente el auto de transformación de las diligencias previas en un procedimiento abreviado, en el que se relataban hechos que podrían ser constitutivos de un delito continuado de prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad en documento oficial, además de tres delitos contra la Hacienda Pública, este último imputado únicamente a Ulpiano Cuadrado.

Dice la instructora que en el presente caso “no se han respetado las nomas esenciales del procedimiento, siendo injusta la contratación y la ilegalidad es evidente y patente”. Y añade que Ulpiano actúa como “cooperador necesario” y Juan Márquez “omite toda obligación que tenía atribuida, es decir, omite la función de garante, facilitando y favoreciendo la continuidad de la situación, actuando con un claro ejercicio arbitrario del poder, omitiendo las exigencias procedimentales que su antecesor omitió, con el fin de suprimir el control formal de su actuación administrativa, eliminando los mecanismos de control que establece la Ley para la actuación administrativa concreta, actuando de forma arbitraria y en claro perjudico del interés público”.

Esa omisión del procedimiento adquiere relevancia penal cuando el incumplimiento lo que pretende es “eliminar los mecanismos de control que permiten asegurar el sometimiento de la actuación administrativa a los fines legalmente establecidos”, añade.

En marzo pasado, la juez de Instrucción número 10 de Sevilla procesó a los cinco ex altos cargos en un auto que puso fin a la instrucción y ordenó seguir las actuaciones contra los cinco ex altos cargos –además de los ex directores están imputados los secretarios generales técnicos de la Consejería Francisco Javier Aguado y Lourdes Medina- y contra el administrador único de Umax Informática y Consultoría, Ulpiano Cuadrado Gómez, al estimar que los hechos podrían constituir un delito contra la Administración Pública.

La investigación se inició precisamente tras recibir la Junta dos escritos de 9 de marzo y 6 de agosto de 2012 por parte del administrador de Umax, en el que solicitaba la “convalidación del gasto, reconocimiento extrajudicial del crédito y reconocimiento de deuda por importe de 1.550.114,67 euros”.

Según la empresa, esta cantidad obedece a “impagos entre los años 2007 y 2010, derivados de la prestación de servicios por parte de la citada entidad, que puso a disposición de la dirección general de Trabajo y Seguridad Social, a sus trabajadores para prestar servicio en la sede de la Consejería de Empleo, desarrollando tareas que requirieron los directores generales y secretarios generales técnicos, pues al parecer era necesaria la materialización de algunas actividades”.

La juez recuerda que el objeto social de Umax es el “asesoramiento, formación y consultoría en general y ésta se constituye en el año 2003”, aunque después se modifica por el de “fabricación, montaje, instalación y venta de productos informáticos”.

El auto indica que desde el año 2003 Umax prestaba sus servicios a la dirección general de Trabajo y la retribución que obtenía se cifraba en el “coste de los sueldos de sus trabajadores, que prestaban sus servicios en exclusiva para la dirección general, más un porcentaje nunca inferior al 20%”.

Los pagos se produjeron hasta el año 2007 y los trabajadores prestaron servicio hasta 2010, cuando fueron despedidos, aunque la “mayoría fueron contratados inmediatamente” en la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) y en 2011 algunos de ellos pasaron al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), donde continúan prestando servicio.

En 2012, la secretaría general técnica de la Consejería de Economía desestimó el abono de la cantidad reclamada por Umax porque la adjudicación del contrato se realizó “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, no constando la existencia de tramitación de ningún expediente de contratación con tal objeto, resolución que no consta que haya sido impugnada por Umax, aunque sí aportó copia de las nóminas de la totalidad de los trabajadores adscritos al trabajo impagado y que reclamaba”, añade la juez.

El auto de procesamiento detalla que en el curso de las investigaciones ha quedado acreditada, “al menos indiciariamente, la realidad de la prestación contractual cuyo precio reclama Umax, prestación contractual sin la previa tramitación de un expediente de contratación pública, existiendo contratación verbal consistente en la puesta a disposición de trabajadores” y añade que de las mismas se deduce que “al menos 44 trabajadores fueron contratados por Umax, la mayoría cercanos al círculo de amigos y familiares de Javier Guerrero, en aquel entonces director general de Trabajo y Seguridad Social”. Los trabajadores de Umax “siempre prestaron sus servicios” en la Consejería de Empleo.

En el año 2003 se le realizó un pago a Umax por parte de esta Consejería de 11.719,73 euros en concepto de “datos de cursos envío Inem” y en 2004 hubo otros 11 pagos por importe de 126.655,21 euros; 11 pagos en 2005 por otros 144.218,96 euros; y en 2006 Empleo realizó otros seis pagos por valor de 89.491,02 euros, mientras que el Servicio Andaluz de Empleo abonó 214.626,13 euros.

También hay distintos pagos realizados en 2007, 2008, 2009 y 2010.

En junio de 2013, la juez Mercedes Alaya decidió no incluir la investigación de Umax  Informática y Consultoría en alguna de las macrocausas, porque entendió que los hechos no guardan relación con el caso, si bien apuntó que la Junta había denunciado la “supuesta concertación de la Dirección General de Trabajo con Umax para crear una plantilla de personal al margen de los cauces legalmente establecidos”.