El juicio por el denominado "procedimiento específico" de los ERE se reanudará el próximo 12 de febrero con la resolución por parte del tribunal de las cuestiones previas, según ha anunciado el presidente de la Sala, el magistrado Juan Antonio Calle Peña, al término de la sexta sesión de la vista oral celebrada este lunes. Ese día, ha dicho el magistrado, el tribunal dará a conocer su postura sobre la media docena de cuestiones previas planteadas por las defensas y "en su caso" continuará el juicio, para lo cual estará previsto un cronograma de las sesiones del mismo.

En la sesión de esta tarde, la Fiscalía Anticorrupción ha pedido que se expulse del juicio la acusación por el delito de asociación ilícita que plantea la acusación popular que ejerce el PP-A y también ha reclamado que no se altere el orden de la práctica de la prueba, para que los acusados presten declaración cuando se reinicie el juicio y no tras la comparecencia de los más de 100 testigos y 12 peritos citados a la vista oral.

En su intervención ante los magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, el fiscal delegado de Anticorrupción Manuel Fernández Guerra ha explicado que debe estimarse la petición del sindicato Manos Limpias y de las defensas para que se expulse el delito de asociación ilícita, del que sólo acusa el PP y por el que reclama una condena de dos años de prisión para cada uno de los 22 ex altos cargos que se sientan en el banquillo de los acusados.

El fiscal ha dicho que del auto de procedimiento abreviado dictado el 31 de mayo de 2016 "no se desprenden hechos que pudieran" considerarse como integrantes de este delito de asociación ilícita más allá de la pertenencia de los ex altos cargos imputados al Gobierno andaluz.

El representante del Ministerio Público también ha señalado su oposición a que se dejen para el final del juicio las declaraciones de los 22 ex altos cargos, por cuanto ha señalado que la declaración de un acusado "tiene valor probatorio y es un medio de prueba válido", en el que además no se le exige decir verdad. "El encausado no es dueño de su declaración, sino de su contenido", ha dicho el fiscal en respuesta a los argumentos expuestos por el abogado Víctor Moreno Catena, que representa a la ex consejera de Economía Carmen Martínez Aguayo.

El fiscal también se ha opuesto a la petición de la defensa de Griñán para que se decrete la nulidad de las actuaciones del juez de refuerzo Álvaro Martín, que dictó los autos de procedimiento abreviado y apertura de juicio oral, por considerar que no era el juez ordinario predeterminado por la ley. El fiscal entiende que esta petición no puede prosperar porque los acuerdos de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que aprobaron el plan de trabajo acordado por la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, y el juez Álvaro Martín, fueron igualmente ratificados por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y porque la actuación del magistrado Álvaro Martín "no ha causado indefensión" a las partes, ni siquiera por el plazo mayor de 45 días concedido a las acusaciones para presentar sus escritos de conclusiones provisionales frente a los 30 días de las defensas.

La Fiscalía también se ha opuesto a la nulidad solicitada respecto al informe pericial realizado por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y del informe adicional al de cumplimiento del ejercicio 2003 de la agencia Idea.

Por su parte, el abogado del PP, Luis García Navarro, ha utilizado su réplica a las cuestiones previas para pedir que se "revoque" la acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias, por cuanto considera que esta acusación "no puede subvertir su rol y convertirse en defensa de los acusados" tras haber solicitado este sindicato que se estime la cuestión previa de las defensas sobre la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley por la intervención del magistrado de refuerzo Álvaro Martín, considerando el PP que Manos Limpias actúa "en fraude de ley".

El abogado del PP ha defendido su acusación por el delito de asociación ilícita porque, según ha sostenido, el auto de procedimiento abreviado recoge "hechos suficientes para justificar nuestra acusación" sobre que se trata de una organización creada y mantenida en el tiempo para delinquir, haciendo alusiones a que en la fase de instrucción se ha investigado "una trama o estructura piramidal de carácter criminal", y en la instrucción de la causa en el Tribunal Supremo también se habló de "los integrantes de la cúpula de la pirámide".

El letrado del PP ha provocado un murmullo en la bancada de las defensas cuando ha expuesto sobre las acusaciones de intentar politizar el juicio por la citación a declarar como testigo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que "nada más alejado de la realidad", y ha reiterado en su comparecencia porque la Justa es el "principal perjudicado" y no está personado en este juicio porque pidió el archivo de la causa. "Lo que abunda no daña y por nuestra parte no tenemos ningún inconveniente en que se admitan todas las pruebas de las defensas", ha concluido el letrado del PP.