"El inmovilismo lo revertimos de forma tranquila". Juan Marín explicó así el breve periodo de beligerancia con el Gobierno socialista que ha protagonizado en las últimas semanas y que ya está desactivado. El portavoz de Ciudadanos en Andalucía acabó 2017 con un tono más agresivo en sus preguntas la presidenta de la Junta en la sesión de control por el retraso que han sufrido determinadas leyes incluidas en el pacto que mantienen naranjas y socialistas.

Un par de meses después, la situación ha cambiado y Marín está satisfecho. Tiene el compromiso de que la Ley de Formación Profesional llegará pronto al Parlamento y la Ley de Emprendimiento será aprobada a finales de abril. Son dos normas que, según cree el líder de Ciudadanos, servirán para paliar el principal problema de Andalucía, el alto nivel de desempleo, y por ese motivo Marín ha pedido diligencia al Gobierno socialista en su puesta en marcha.

Sin embargo, Marín dice ser consciente de que "en la vida no se puede tener todo" y hay otras normas prioritarias para él que no han recibido ningún impulso. La Ley Electoral es un paradigma de esta realidad. El grupo de trabajo creado en el Parlamento para analizar su reforma presentará sus conclusiones el 15 de marzo, pero los letrados de la Cámara le han recordado a la formación naranja que cualquier ley que empiece su trámite después de marzo no verá la luz en esta legislatura. Y eso si no hay adelanto electoral. Por ese motivo, la formación naranja tiene una propuesta ya redactada basada en un cambio en el reparto de escaños entre las provincias para la representatividad del sistema electoral andaluz.

El dirigente naranja es optimista y cree que hay tiempo para que las próximas andaluzas se diriman con una nueva ley electoral. Su argumento es que hay coincidencias entre los grupos -reducción de publicidad institucional, regulación de los debates-, pero también reconoce que las principales disensiones están en las reformas que pueden cambiar el mapa político andaluz.

Lo llamativo es que no es Ciudadanos quien más se beneficiaría de su reforma. Es más, la aritmética que ahora sostiene al Gobierno de Susana Díaz no podría funcionar, pues PSOE y Ciudadanos no alcanzarían la mayoría absoluta. Aplicando su método a las elecciones de marzo de 2015, IU ganaría tres escaños (8), mientras que Podemos y Ciudadanos sumarían dos diputados a sus grupos (17 y 11 respectivamente). Los perjudicados serían los socialistas, que perderían cinco parlamentarios, y los populares, que perderían dos. "PP y PSOE no están dispuestos a perder ni un diputado", lamentó ayer Marín en el Parlamento.

La falta de colaboración entre los dos grandes partidos lastra otra de las principales aspiraciones de la formación naranja. Marín y los suyos llevan empeñados en reformar la RTVA desde su llegada al Parlamento. En octubre de 2015 C's logró el apoyo del resto de grupos a una moción al respecto, que sigue en un cajón del antiguo Hospital de las Cinco Llagas. También aquí ha pasado Ciudadanos a la acción con una propuesta para modificar la ley de RTVA que llegó ayer mismo al registro de la Cámara y que supondría una revolución en el consejo de administración del ente público audiovisual.

La idea del partido naranja reduce de quince a nueve el número de miembros del consejo de administración de RTVA, que deberán ser elegidos por el Parlamento por una mayoría de tres quintos, aunque con posibilidad de hacerlo por mayoría absoluta en una segunda votación. Además, los miembros de este organismo no podrán cobrar más que un viceconsejero o secretario general de la Junta, que está en torno a los 60.000 euros anuales. Con estos cambios, Ciudadanos pretende ahorrar al año algo menos de 700.000 euros, que se destinarán a mejorar los medios con los que cuentan los profesionales de RTVA.