La patronal andaluza de oficinas de farmacia, Ceofa, presentó ayer un estudio económico y sociológico del sector del que se desprende, entre otros datos, que, desde el punto de vista empresarial, el proyecto de receta electrónica no sólo está beneficiando a la política de uso racional del medicamento implantada por la Junta. También reduciría costes laborales en la sanidad pública. Independientemente de la lectura que se haga de este hecho, las estimaciones recogidas en el informe de Ceofa indican que " el ahorro en capital humano que supone la implantación de la receta electrónica, al reducirse la frecuentación de visitas al ambulatorio, se podría cifrar en el equivalente al trabajo de 80 personas durante todo un año".

Es probable que al SAS no le guste dar alas a esa lectura de evaporación de empleo como consecuencia de esta medida de control: los directivos sanitarios suelen aducir que el tiempo que ganan los médicos al no tener que atender ya tantas consultas de renovación de recetas se utiliza en atender mejor a cada paciente. Es probable, también, que no se entienda así desde una perspectiva sindical o, simplemente, profesional. Pero es la que utiliza la patronal de las boticas. Que facturan cada una, de media, 667.000 euros al año.