El 41% de los reclusos padecen hepatitis y el 18% son portadores de VIH

  • Las ONG revelan un déficit de asistencia sanitaria en centros penitenciarios y reclaman el traspaso de las competencias

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La incidencia del sida y de otras enfermedades graves en la cárcel supera en muy alta proporción los índices de la población general. Por el contrario, la atención sanitaria que reciben es muy inferior a la que reciben las personas en libertad. Con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Sida, este sábado, la Asociación Pro Derechos Humanos (APDH) y la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Enlace quieren arrojar luz sobre "una realidad invisible", las condiciones que padecen los reos en las prisiones españolas y, en particular, andaluzas.

"Los convenios y acuerdos firmados nunca se llegan a cumplir", criticó ayer el presidente de Enlace, Antonio Escobar, durante la presentación del informe que revela la "extrema dureza" a la que se enfrentan estas personas.

Según los datos de las ONG, entre el 70 por ciento y el 80 por ciento de las personas presas tienen o han tenido problemas con las drogas. De ellos, el 82 por ciento carece de estudios o sólo estudios primarios; el 32 por ciento se encontraba en paro antes del ingreso en prisión -tasa que triplica a la de la población general- y en un 35 por ciento de los casos sus ingresos proceden de la economía sumergida.

Esta vulnerabilidad se acentúa al concentrarse en prisión las mayores tasas de enfermedades infecciosas graves.

La hepatitis, que afecta a tres de cada 100 habitantes, es padecida por 41 de cada 100 presos en las cárceles andaluzas. Lo mismo ocurre con el VIH, que tiene una incidencia de más del 18,6 por ciento en prisión, frente a un 0,3 por ciento en la población de Andalucía. O la tuberculosis, un 5 por ciento entre rejas y el sida, que afecta a un 18,6 de los 14.624 presos frente al 0,3 por ciento general. A todo ello , suman la "alarmante" incidencia de enfermos mentales en los centros penitenciarios, sin olvidar los casos de patología dual -enfermedad mental y drogodependencias-, o que el 25,7 por ciento de los presos sufre trastornos psicopatológicos.

Enlace pidió "la inmediata transferencia de la sanidad penitenciaria al Servicio Andaluz de Salud", un traspaso de competencias que tenía que haberse producido antes del 1 de diciembre de 2004, en virtud de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Otros convenios de colaboración penitenciaria en materia sanitaria tampoco se cumplen, entre ellos, el firmado por el Ministerio de Interior y la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social en 2006 para personas con discapacidad.

Como apoyo de la "inadecuada e insuficiente" atención sanitaria, "en un medio caracterizado además por el hacinamiento", las ONG aportaron que mientras las prisiones cuentan con un funcionario de seguridad por cada cinco presos, hay sólo un médico por cada 162 internos y un enfermero por cada 127 reclusos.

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