Hay que reducir la Administración y luchar más contra el fraude

  • Los analistas insisten que no se ha terminado la reforma del sector financiero y que bancos y cajas se resisten a asumir la verdadera situación patrimonial de sus activos

Comentarios 14

LOS economistas del Grupo Joly coinciden en que hay que reducir la Administración, luchar más contra el fraude y sanear la banca para que fluya el crédito. Difieren en algunas cosas, como la manera de revisar el sistema fiscal español, que consideran agotado. Cuando faltan ocho días para el debate de investidura, terminamos aquí la serie que en las tres últimas semanas hemos venido publicando sobre las ideas que empresarios, patronal, sindicatos y partidos políticos tienen sobre las medidas urgentes que debe tomar Mariano Rajoy para que se recupere la economía y se cree empleo.

El próximo presidente del Gobierno ha tenido ocasión esta semana en Marsella de oír los consejos de la canciller alemana, el presidente francés, otros dirigentes europeos adscritos al Partido Popular Europeo, y el ministro norteamericano del Tesoro. Contactos discretos, más transmitidos con imágenes que con contenidos.

Esta crisis ha generado paradojas que los políticos no han resuelto hasta ahora. Una de ellas se refiere a la austeridad. Gumersindo Ruiz, catedrático de Economía en la Universidad de Málaga, destaca que "los mercados deberían reaccionar favorablemente ante las medidas de austeridad, pero como traen una caída de la actividad económica y el empleo, esos mismos mercados han valorado negativamente el debilitamiento en la capacidad de generar recursos".

Lo mismo ocurre con las medidas de reforma del mercado de trabajo que pueden tener efectos beneficiosos a medio plazo, pero de inmediato provocan un aumento de los despidos por las facilidades que se ofrecen, en un medio dominado por la incertidumbre. Los bajos salarios, la reducción del empleo y el aumento de la jornada de trabajo han llevado a la recuperación de la productividad, sin generación de empleo. El profesor Ruiz resume esta otra paradoja: "en la época anterior a la crisis teníamos empleo sin productividad y ahora tenemos productividad sin empleo".

Para hacer frente a estos y otros inconvenientes se presume que Rajoy tendrá que tomar medidas inmediatas. Francisco Ferraro, catedrático de la Universidad de Sevilla, apuesta por reformas y ajustes en profundidad, "la tentación de no irritar a ciertos sectores y, en particular, de aplazar actuaciones de ajuste hasta después de las elecciones andaluzas sería nefasta".

El primer consejo, en el que coinciden varios de los participantes en este panel, es garantizar que España estará en el núcleo duro de la Unión Europea. Fernando Faces, profesor en el Instituto Internacional San Telmo, lo considera "una prioridad absoluta, urgente, de subsistencia". Para eso propone cumplir la reducción del déficit comprometida con Bruselas, con menos gasto corriente, supresión de cargos, órganos y empresas públicas, lucha contra el fraude, congelación de salario de los funcionarios... Y, si no fuese suficiente, subir el IVA hasta la media europea y los tributos especiales. Faces también considera esencial que en sus primeros días de mandato Rajoy presente una hoja de ruta y un calendario de reformas del mercado de trabajo, pensiones y seguridad social.

Consciente de que la política económica del Gobierno español no es soberana, José Ignacio Rufino, profesor de la Universidad de Sevilla, advierte, sin embargo, contra el pensamiento único en la actual política europea: "el paradigma alemán, asumido a la fuerza por Francia, de una austeridad máxima , sin resquicio alguno para las políticas de inversión pública, es una condena para la reactivación de la actividad y el empleo". Ferraro también es partidario de cumplir los objetivos de reducción del déficit público y de que el presidente español participe activamente en la refundación de la Unión Europea, sobre la base de la integración de las políticas económicas. Pero subraya que hay que evitar una depresión generalizada, aunque para eso haya que retrasar el calendario de ajuste del déficit público.

Sobre la liquidez, unanimidad: "hay que proceder a la limpieza de balances en las entidades financieras", es la frase rotunda de Rafael Salgueiro, profesor de la Universidad de Sevilla, que se abona a la propuesta de crear un banco malo, para activos inmobiliarios de dudoso valor, muy inferior al contable. Rufino atribuye la parálisis del sector financiero español al miedo de bancos y cajas a asumir su verdadera situación patrimonial y a la continua salvación del sector por parte de los gobiernos, no sólo en España, "esa sopa boba realimenta su tancredismo".

Faces suscribe la idea del banco malo, en donde cambiaría activos inmobiliarios dañados por deuda pública. Por el contrario, Gumersindo Ruiz, prefiere empezar por lo bueno en vez de montar un hipotético banco malo. Es partidario de "que bancos y cajas puedan acceder a financiación, movilizando carteras de préstamos buenos, hipotecarios o no, que servirían como fuente de liquidez para dar préstamos a empresas". En ese sentido, el profesor malagueño propone que el capital exigible en relación con préstamos a pymes debería reducirse temporalmente por el Banco de España. No se trataría de relajar los criterios, sino de hacerlos menos onerosos. Y para pymes y autónomos crearía una red de oficinas, que pueden empezar por ser las que se cierran, con su personal, para canalizar el crédito oficial.

Sobre la recapitalización de las entidades financieras que lo necesiten, Joaquín Aurioles, profesor de la Universidad de Málaga, señala que el Estado debe dar un paso atrás y que el coste recaiga en el accionista o en el propio sector. Un enfoque que deja en el aire la seguridad de los ahorradores, en beneficio de los contribuyentes. Rogelio Velasco, catedrático de la Universidad de Granada, llama la atención de que no se ha aclarado el panorama de recapitalización de entidades a nivel europeo. Y añade que no se ha terminado el proceso de fusión de cajas de ahorro, y que habría que acelerarlo al máximo.

Una teoría en la que abunda Faces: "El sistema financiero español sigue sobredimensionado, hay que reducir todavía más el número de entidades, de oficinas, de empleados, mediante ventas de entidades no viables, absorciones y fusiones". Salgueiro está convencido de que vamos a asistir a un proceso de concentración todavía más intenso que el que hemos vivido.

El profesor Faces propugna recapitalizar el FROB con ayuda del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, despolitizar totalmente los órganos de gobierno de bancos y cajas, y exigir responsabilidades a los gestores de los bancos capitalizados o intervenidos. Velasco añade que hay que impedir indemnizaciones millonarias a los directivos de entidades que hayan recibido ayudas públicas.

Una coincidencia de los economistas que publican sus análisis en el Grupo Joly es la necesidad de redimensionar las instituciones del Estado. Ferraro considera que el año próximo habrá que reducir el déficit público entre 20.000 y 30.000 millones de euros. Y que eso no se conseguirá con gestos de austeridad "necesarios pero poco significativos, como reducir cargos públicos o coches oficiales". Habrá, en su opinión, que eliminar diputaciones, televisiones públicas, centenares de consejos, reducir ayuntamientos, además de recortar drásticamente las subvenciones y disminuir los gastos sociales más prescindibles. Velasco añade que habría que revisar la conveniencia de algunas obras ya proyectadas, que provienen de una época de exuberancia. Y pone en cuestión el AVE Sevilla-Málaga, cuyo mantenimiento considera muy costoso, y la rentabilidad del AVE entre Sevilla y su aeropuerto.

Sobre este mismo tema, Aurioles puntualiza que el problema no está en el coste del Estado, sino en su tamaño. "El problema no se corrige reduciendo el sueldo de los funcionarios o suspendiendo las oposiciones a maestro, sino cerrando organismos públicos creados en los años de la burbuja, que ahora no sirven para nada y además no se pueden mantener: palacios de ferias, empresas públicas, piscinas municipales o polideportivos. Y una reducción en profundidad de las administraciones públicas, reduciendo su tamaño, revisando el mapa municipal con integraciones". El profesor Aurioles incluso propugna condicionar la estabilidad en el empleo de los funcionarios a unos estándares de productividad y reducir la burocracia. En este campo, Faces hace otra aportación: homogeneizar radicalmente todas las normas y legislación de las comunidades autónomas con el objetivo de conseguir un mercado único nacional y centralizar algunas de las competencias transferidas en sanidad y educación.

Salgueiro coincide en la receta. Sugiere que el nuevo presidente debe afrontar un programa de privatización o simple eliminación de empresas y agencias públicas prescindibles y poner en marcha operadores privados en aeropuertos, puertos y ferrocarril. Y en sanidad, evitar el abuso en enfermos no crónicos, con copago a partir de una determinada intensidad de utilización de la sanidad pública. También propugna la extensión del régimen de libertad de utilización de seguros privados del que se benefician los funcionarios, pero no al pago dos veces de sanidad pública y privada, como ha sugerido el consejero catalán.

En cuanto a la reforma laboral, Velasco sostiene que la generalización de convenios colectivos sectoriales provoca distorsiones importantes, al tratar igual a empresas del mismo sector que están en circunstancias muy distintas. Faces daría predominio a los convenios de empresa, fomentaría los contratos a tiempo parcial e iría a un modelo de contrato único. También desjudicializaría la resolución de contratos, clarificando las causas objetivas del despido procedente. Salgueiro en vez de un tipo de contrato pondría dos, indefinido y aprendizaje, libertad de negociación colectiva en el seno de las empresas y reduciría el número de representantes en los comités de empresa y el número de horas sindicales.

A Aurioles le parece adecuado vincular los salarios con la productividad, pero señala que no conviene confundir flexibilidad con precariedad y que tiene que garantizarse el acceso de los comités de empresa a los balances y estados contables de las empresas. Y para la intermediación en el mercado laboral, cerraría la Consejería de Empleo y, de paso, dejaría que todos los episodios de corrupción y enchufismo terminen por resolverse en los tribunales: "no vale cambiar la política, hay que desmontar el tinglado de la formación continua y ocupacional, porque no sirve en sus parámetros actuales".

Sobre la reforma fiscal necesaria hay un gran número de sugerencias. Velasco propugna subir el IVA dos o tres puntos, situándolo en la media de la UE. Y elevar la tasa sobre carburantes, alcohol y tabaco, también en línea con los estándares europeos. Y revisaría, para eliminarlas en su mayoría, las exenciones y deducciones fiscales del IVA, el IRPF y el impuesto de sociedades "que merman extraordinariamente la capacidad recaudatoria de estos impuestos". Salgueiro está en contra de un impuesto sobre patrimonio, por considerarlo un ahorro materializado.

En el IRPF el profesor Salgueiro reduciría los tramos de la escala "cuando se pueda" y aplicaría el tipo marginal máximo sobre un ingreso superior al actual. Su objetivo sería establecer una tasa plana, del orden del 20 o 25%. Y a cambio de todo esto, una penalización mucho más grande cuando se detecte fraude. El IVA, en su opinión, necesita una reforma profunda en su arquitectura: "debe repercutirse y cobrarse sólo al final de la cadena, el sistema actual es de una complejidad tremenda y un caldo de cultivo para el fraude".

Al contrario que el profesor Velasco, Salgueiro no es partidario de subir el IVA, salvo que fuese para suplir con este impuesto parte de las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social. Y suprimiría la tributación por módulos, "por considerarla una enorme fuente de inequidad fiscal, fraude y economía sumergida". En el impuesto de sociedades revisaría las desgravaciones y reforzaría las que tuvieran que ver con dotación a reservas y reinversión de beneficios. Y también establecería una tributación muy favorable para el ahorro, incluidos los fondos de pensiones "que ahora es un timo; porque se limita a diferir el impuesto sobre la renta". Su propuesta de no subir impuestos la combina con la necesidad de reducir el déficit, con el argumento de que "no hay más remedio que destetarse en todos los órdenes de los bienes y servicios ahora producidos por el Estado, empezando por las subvenciones a las empresas".

Aurioles considera que la reforma fiscal de Fernández Ordóñez está amortizada y que es necesario revisar el modelo. Por ejemplo, fue concebido para una Administración centralizada y no ha sabido adaptarse a la nueva realidad. "Llaman la atención en el sistema actual los impuestos troceados, con tramos y cuotas autonómicas y estatales, con desgravaciones diferentes en un mismo impuesto, según territorio; con competencias normativas repartidas de manera desigual y con una profunda injusticia distributiva como resultado final".

El profesor Aurioles propone acabar con los privilegios forales y avanzar hacia un modelo más equitativo. Y propone un reparto de la responsabilidad fiscal: "corresponderían a las administraciones locales, los bienes raíces y el territorio, incluyendo las rentas imputadas a fincas urbanas y rústicas en el IRPF actual; a las comunidades autónomas, el IVA y los impuestos especiales, y al Estado los de la renta y beneficios". Dicho esto, es contrario a un aumento de la presión fiscal sobre las espaldas de unos contribuyentes que cada vez son menos y están más exhaustos. Y además lo considera incompatible con la creación de empleo.

Rufino asegura que Rajoy subirá el IVA para compensar el desequilibrio presupuestario: "quienes han negado esta subida en sus programas electorales sabían que no eran realistas". Piensa que el nuevo Gobierno debe optar por subir los impuestos directos (IRPF) o cambiar la estructura actual de tramos. Si la aplana, castiga a los más débiles y si la alarga, gravando a las rentas más altas, su política será más creíble, porque el PP es teóricamente reacio a incrementar la presión fiscal.

Ferraro aporta varias observaciones nuevas. Como la necesidad de aumentar ciertas tasas públicas que constituyen un despilfarro: no comprende la semigratuidad de las tasas universitarias, dirigida a clases medias y altas, en un momento que hay sobredotación de egresados universitarios. También aumentaría la fiscalidad sobre los bienes inmuebles, con el IBI como la base de los ingresos en este campo. "Un mayor nivel de IBI normalizaría el desmadre inmobiliario en este país". Y, además, considera necesarios los impuestos de sucesiones, patrimonio y grandes fortunas en la estructura fiscal de un país comprometido con la cultura de la igualdad de oportunidades.

Entre las medidas urgentes que debe encarar en presidente Rajoy, Gumersindo Ruiz pone de relieve la morosidad de las administraciones autonómica y local. "Deben pagar de inmediato todo lo que deben, y para eso tendrían que eliminar todos los gastos que no sean imprescindibles para el buen funcionamiento de la sanidad, educación, seguridad e higiene pública". En este campo de las administraciones local y regional, el profesor Ruiz opina que sus responsables deben exigir a los funcionarios que trabajen con celeridad y precisión, para que no entorpezcan el funcionamiento de pymes y autónomos. Y pone como ejemplo práctico de cómo perjudican a las empresas los retrasos, el atasco de los planes generales de urbanismo.

Faces también incide en el mismo flanco. Reclama una reducción drástica de la burocracia para crear una empresa; el plazo actualmente está en 47 días. Y añade todo un catálogo de medidas de estímulo para el crecimiento, dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que suponen el 70% del empleo nacional: incubadoras de pymes, ayudas a la internacionalización y fomento de las exportaciones, reducciones de los seguros sociales en las primeras etapas de la iniciativa empresarial, impuesto de sociedades reducido.

Salgueiro recuerda que hay una prioridad absoluta en la industria, que es el abaratamiento del coste de la electricidad. Y la reforma energética es otra de las prioridades para la que Faces reclama un pacto de Estado. Señala que el 66% del déficit comercial español es atribuible al déficit energético. Y que es urgente definir el mix energético para los próximos 50 años.

Salgueiro propone resituar a las energías renovables inmaduras "como lo que son, tecnologías en desarrollo no comerciales". Y que la vida de una instalación nuclear sólo esté determinada por la seguridad. Velasco añade que la incorporación del medio ambiente en todas las políticas públicas debe continuar y mejorarse. Que estemos en crisis no significa que todo lo demás no importa.

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios